Procuraduría advierte a diputados: Ley de Empleo Público sigue con inconvenientes jurídicos
Edificio de la Procuraduría General de la República, San José. Foto Archivo.
(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) respondió una consulta a la Asamblea Legislativa y le advirtió que el texto de la "Ley Marco de Empleo Público" sigue presentando inconvenientes y hasta roces constitucionales.
El informe de carácter no vinculante fue firmado por Procurador Adjunto, Luis Guillermo Bonilla, del Área de la Función Pública y tiene fecha del pasado viernes 19 de noviembre.
"Esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad".
"Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes", concluye el documento.
Entre los elementos que se advierten es un recordatorio que la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad puede recomendar al Plenario acoger las consideraciones externadas por la Sala en su opinión consultiva o recomendar desistir de ellas, pero, la Comisión "no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento".
"Se debe advertir entonces, que la Comisión ha de estarse solamente a los denominados "efectos directos"; es decir, lo declarado expresamente como inconstitucional recomendando su modificación o supresión únicamente, no puede incorporar aspectos no consultados, so pena de ser declarado como vicio de procedimiento".
"Lo anterior, porque hay aspectos ahora modificados especialmente respecto de la Asamblea Legislativa, que no fueron específicamente consultados y sobre los cuales la Sala Constitucional no se pronunció, y pese a ello, la Comisión modificó el proyecto de ley, incluyendo dicho poder en la muletilla de salvaguarda en varios de los artículos", cita la consulta.
Asimismo, se cuestiona la utilización del concepto de personal de "Alta Administración Pública", pues se excluyen solo los cargos expresamente regulados en la Constitución Política. Inclusive, la PGR solicitó que se les excluya para garantizar independencia funcional e institucional.
Asamblea Legislativa 2021
Según el documento, el término "Alta Administración Pública" representa un "concepto jurídico indeterminado," y se usa en una norma "para indicar de manera imprecisa un supuesto de hecho cuyos límites o contornos conceptuales no aparecen bien precisados en su enunciado".
La PGR señala que podría comprender toda una diversidad de puestos dentro del aparato estatal como: miembros de Juntas Directivas y órganos colegiados, Gerencias, Directores, Jefaturas, Auditores, e incluso podría cubrir puestos de cargos fijos como plazas permanentes de Ministerios y órganos desconcentrados.
"De modo que insistimos una vez que lo mejor es que dicho concepto sea dotado de un contenido concreto más específico que facilite su correcta aplicación a supuestos específicos, y que se excluya de ella a la Procuraduría General. De modo que, según sea dicha concreción, se delimiten también los alcances derogatorios de dicha figura sobre la normativa vigente respecto del colectivo funcionarial afectado con la reforma, más allá de los límites que pretenden supeditarse únicamente a los cargos con nombramiento previsto en la Constitución Política. Debiéndose incluso disponer normas transitorias que resguarden derechos adquiridos en materia de estabilidad de los puestos afectados", señaló la PGR. .
