Procuraduría: “caso PAC daña sistema democrático”
Fiscalía acusó a sospechosos de idear plan para defraudar al Estado
La fiscal Greysa Barrientos leyó las conclusiones el pasado 8 de noviembre. CRH
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó cerca de 859 millones de colones como indemnización por la aparente estafa cometida por exmiembros del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante la campaña presidencial de 2010.
Según acusó el Ministerio Público, Mainor Sterling Araya –extesorero- y Manuel Antonio Bolaños Murillo –funcionario administrativo- ejecutaron un plan para cobrar indebidamente 516 millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por servicios especiales que, en realidad, fueron gratuitos.
El monto contempla los siguientes rubros (redondeados): 516 millones de colones por el daño material de estafa; 204 millones por los intereses al 9 de noviembre; 76 millones por las costas personales; 600 mil colones por las costas procesales de un perito contratado; 600 mil colones por las costas de la querella presentada contra los 2 imputados y 60 millones de las costas por el daño social.
"El caso tiene que ver con 263 contratos de servicios especiales y en nuestro criterio, conforme a la prueba en juicio, todas estas personas realizaron una labor de manera gratuita. Así lo dijeron en el juicio", comentó Randall Aguirre, procurador penal.
Durante el desarrollo del debate, los testimonios –según el funcionario- confirman que los contratos que dieron pie a la aparente estafa fueron asumidos por 'mística' y de manera gratuita.
"Con 108 testigos que logramos traer, la manifestación fue reiterativa. Por eso, arribamos a la conclusión de que el monto económico a indemnizar es producto de esos 263 contratos", agregó Aguirre.
Daño social
Para la PGR, este caso provocó un daño en el sistema democrático. "La participación de los partidos políticos se guía por la transparencia y propiciar la participación ciudadana. Cualquier actuación de un partido, sus personeros o representantes, que se aparten de los principios de buena fe, inciden en el sistema democrático", relató el procurador.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó 8 años de cárcel para Sterling Araya y 3 años, con beneficio de ejecución condicional, para Bolaños.
Al mismo tiempo, solicitaron la apertura de una causa penal contra Laura Garro Sánchez, diputada del PAC, por aparentemente rendir testimonio falso durante el juicio.