Rectores piden a diputados exonerar a universidades de impuestos

Henning Jensen no está de acuerdo con el impuesto en la adquisición de bienes y servicios. Daniela Abarca|CRH|

Los rectores de las universidades estatales del país llegaron este jueves a la Asamblea Legislativa para dialogar con los diputados que están definiendo el tratamiento impositivo a estos centros de enseñanza superior.

Este miércoles en horas de la noche, la moción 122 presentada por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta fue aprobada con cinco votos a favor por la Comisión Especial de Reforma Fiscal, lo cual exonera de impuestos a la educación privada.

No obstante, la molestia de los jerarcas de las universidades que conforman el Consejo Nacional de Rectores (Conare), recae en que la educación pública permanece gravada.

"Nosotros estamos acá para hablar con diputados porque queremos lograr que haya un mayor entendimiento de las mociones que las universidades de parte de Conare hemos impulsado y estamos apoyando", aseguró Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De acuerdo con Jensen, la posición de Conare es que debe haber un 0% de impuestos para educación tanto en lo que se refiere a matrícula, aranceles y los créditos, así como la adquisición porque en la compra de bienes y servicios de las universidades públicas.

"Debemos garantizarnos la disponibilidad de recursos para una formación de nuestro estudiantado de alto nivel. Si nosotros por ejemplo compráramos microscopios de alta tecnológica que los requerimos, tendríamos que pagar impuestos que en esos casos ascenderían a sumas muy grandes", dijo.

Asimismo, el rector indicó que si bien están de acuerdo con que las universidades privadas tampoco paguen impuestos por matrícula, aranceles y créditos no debería haber un tratamiento igualitario en el tema de bienes y servicios.

"Yo estoy de acuerdo en que la educación es un bien público, por lo tanto incluso las universidades privadas no paguen tributos en matrícula pero no estoy de acuerdo en un tratamiento igual entre universidades públicas y privadas respecto a la adquisición de bienes y servicios porque se trata de finalidades institucionales totalmente diferentes", manifestó.

De no lograr cambios, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo cual implicaría una erogación adicional de más de ¢8.500 millones según estimaciones de las universidades.