Solís pisotea promesa de campaña con caso de viceministra

El presidente Luis Guillermo Solís pisotea uno de sus compromisos de campaña por no instruir a su viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, a acatar un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que señala -claramente- que ella no tiene derecho a recibir pago por el incentivo salarial por prohibición al ejercicio de su carrera profesional.

Así lo sostienen cuatro diputados de oposición, quienes le reclaman al mandatario la incongruencia entre lo que ofreció en la contienda electoral y lo que hace como gobernante.

Pero el oficialismo niega que exista una contradicción entre lo que prometió el Presidente y su accionar en el caso de Zúñiga.

Siendo candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Solís ofreció, en un debate organizado por la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), que haría vinculantes los pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

Sin embargo, su subalterna lo deja mal parado al discutir con la Procuraduría sobre la legalidad del pago del incentivo salarial, por el cual ya ha recibido más de ¢30 millones.

Zúñiga no solo rechaza el criterio de esa institución, sino que afirma que seguirá recibiendo el pago del plus porque considera que la opinión de la Procuraduría no es vinculante.

Así lo dijo antes de irse a vacaciones mientras el Presidente, quien predicó la ética en la función pública cuando buscaba votos, no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, el tercero ya en su administración.

Los dos anteriores fueron los de las viceministras de Gobernación y Vivienda, Carmen Muñoz y Ana Cristina Trejos, respectivamente, quienes también recibieron sumas millonarias correspondientes al incentivo de prohibición, a pesar de que tampoco cumplían con los requisitos.

Muñoz recibió casi ¢11 millones desde que inició su gestión y Trejos percibió cerca de ¢10 millones, pero se encuentran en proceso de devolución del dinero.

Solís falta a la verdad

Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), asegura que el tuit del Presidente y su accionar en este caso evidencia que falta a la verdad.

"Lamentablemente, es uno de los aspectos en donde el señor Presidente no le dijo la verdad a los costarricenses o me parece que no ha actuado en consonancia con su ofrecimiento y es un tema medular porque tiene que ver con su compromiso con la ética y con el combate a la corrupción", opina.

Esto, de acuerdo con Redondo, le hace "un enorme daño a su credibilidad y a la confianza que la gente le pueda tener sobre la veracidad de sus palabras", pero también daña la credibilidad de la clase política y de la democracia.

"Para mí es la decepción más grande con respecto a la labor del Gobierno (…)  Me parece que el amiguismo o la protección a allegados ha estado por encima de su promesa al pueblo", asevera.

Igualmente de severo es el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

"Ese tuit de Luis Guillermo Solís muestra una vez más la gran estafa de que fueron víctimas las personas que votaron por él. El Presidente, siendo candidato, le hizo creer a la ciudadanía en una gran cantidad de promesas. Una de las cuales era que los criterios de la Procuraduría y de la Contraloría iban a ser vinculantes para ellos, independientemente de si estos tenían o no fuerza vinculante", dice.

El libertario acusa al Presidente de ignorar el pronunciamiento de la Procuraduría y sostiene que es una muestra más de que Solís "dijo una cosa en campaña y hace otra como Presidente, igual que los anteriores".

Ayer valía, hoy no…

Gerardo Vargas Rojas, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), demanda del Presidente mayor claridad y coherencia con lo ofrecido en campaña.

"Lo que se dice en campaña debería respetarse en Gobierno. Ahora pareciera que no se quiere respetar los criterios de la Procuraduría. Más bien se contradicen. Por otro lado, pareciera que el Código de Ética era solo para campaña y no para Gobierno", enfatiza.

El socialcristiano resalta que si el PUSC o el Partido Liberación Nacional (PLN) estuvieran en el ejercicio del gobierno en este momento, para el PAC esto sería corrupción. "Quiero que me digan en un gobierno PAC cómo se llama", agrega.

El diputado Ronny Monge, del PLN, recuerda que el mismo Solís dijo después de ser electo "no es lo mismo verla venir que bailar con ella".

"Esto significa que una cosa era lo que se decía en campaña, sin saber qué era gobernar, y otra cosa es gobernar y parece que sus viceministras ahora hacen eco de esas palabras porque en campaña el mismo Presidente, siendo candidato, decía que los criterios de la Procuraduría eran de acatamiento o debían ser acatamiento obligatorio. Hoy la viceministra dice que no, que la resolución no es acorde con lo que ella piensa y por eso no la respeta", indica.

Según Monge, la Casa de Cristal, de la que habló Solís en sus primeros días como gobernante, tiene más polarizados y cada vez se ve menos hacia adentro.

Sin contradicción

Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, sostiene que no hay contradicción entre la promesa que hizo Solís como candidato y su accionar como Presidente.

Asegura que la misma Procuraduría tiene criterios encontrados sobre el caso de la viceministra Zúñiga y que lo va a demostrar.

Pero también responsabiliza a los departamentos de recursos humanos de las instituciones que representan las tres viceministras de inducir a error con el pago del incentivo y acusa a las administraciones anteriores de montar los sistemas en los que se basaron las funcionarias para reclamar el pago de la remuneración.

"Lo que pasa es que antes se tapaban los errores. Ahora hay disposición a enmendarlos", dice.