Opinión: Se acata pero no se cumple
La urgente y necesaria regulación del empleo público, la de los regímenes de pensiones en el sector estatal así como la aprobación de la mejor reforma fiscal, deben ser políticas públicas viables. La calidad de la democracia está definida por la correcta, legítima y oportuna formulación de políticas públicas eficaces.
Aunque es posible encontrar más de una definición, por política pública entendemos que se trata de un conjunto de acciones prioritarias encaminadas a resolver problemas públicos, comunes y complejos. Para la generación de políticas públicas es necesario que intervengan el Estado, las entidades de la administración pública y una serie de actores estratégicos con tareas relativamente estructuradas y cambiantes.
En el respeto por el Estado de Derecho reposa la legitimidad de un sistema político, respeto que viene a ser proporcional al valor y a la confianza que los ciudadanos tenemos sobre las instituciones, los valores y las prácticas democráticas.
Con justificado desconcierto e indignación, en los últimos años los costarricenses nos hemos enterado de las condiciones laborales ventajosas para funcionarios del sector público, acordadas en veintiseis convenciones colectivas de trabajo, así como en algunos de los regímenes de jubilación mediante beneficios especiales para los cuales no contribuyeron, ventajas y privilegios claramente discriminatorios en perjuicio de los demás trabajadores del Estado y sus instituciones, que no reciben lo mismo.
Nadie está cuestionando el valor del trabajo en el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, los bancos y las universidades estatales. Sencillamente no es lo correcto.
Por esa razón todas las convenciones colectivas pueden y deben renegociarse, así como eliminar los beneficios excesivos que tienen los sistemas de jubilación. El control del gasto estatal es una política pública con un valor superior al interés particular de cada beneficiario. Además, toda política pública debe erradicar cualquier trato discriminatorio.
Por el siglo II A.C. decía el historiador griego Polibio, comentando acerca de la ley fundamental de los romanos, que "la constitución de un pueblo debe considerarse como la primera causa del éxito o del fracaso de toda acción". La tesis de Polibio aunque no es hoy incuestionable, mantiene su vigencia: sobre la norma superior reposa la legitimidad originaria de un sistema político.
Nuestra institucionalidad democrática, -fundada particularmente en las constituciones políticas del 7 de diciembre de 1871 y el 7 de noviembre de 1949-, pudo desarrollar las garantías sociales y los derechos individuales, -muy especialmente suprimiendo toda forma de discriminación-, haciéndoles evolucionar a tono con los cambios en el contrato social.
Desde entonces, los costarricenses fuimos lectores fieles de la historia, pero hoy estamos alterando nuestros mitos fundacionales. Asistimos a un fenómeno muy preocupante: la confianza de los ciudadanos se ha ido perdiendo gradualmente; la desafección y la indiferencia se han convertido en indignación. En la Costa Rica del Bicentenario la obligación es cumplir y no solamente acatar, como solían hacer los conquistadores españoles.
Luis Alberto Cordero