Denuncian despilfarros en plan de pago electrónico en transporte público
Experto afirma que el Banco Central ha obstaculizado las ofertas más baratas de empresas ticas para implementar sistema
(CRHoy.com).- El Banco Central de Costa Rica (BCCR) incurre en el despilfarro y el desorden de recursos públicos en el proyecto para habilitar el pago electrónico de pasajes en el transporte público, según el presidente de una empresa que ha ofrecido servicios en ese ramo al ente emisor de moneda.
Según Tyrone Mayorga, ejecutivo de la empresa Passer, los gastos excesivos del Central relacionados con el proyecto están ligados, entre otros, a un incremento de la planilla de empleados encargados del proyecto y a millonarias consultorías para montar un sistema centralizado de recaudación que no se necesita, denunció el empresario, quien desde hace cuatro años trabaja en el desarrollo de las plataformas de pago electrónico de transporte en el país.
Según Mayorga, el Comité para el Proyecto de Pago Electrónico, que encabeza el Banco Central,–y que se conformó desde el 2017–, ha rechazado "rotundamente", incluso por escrito, considerar las posibles soluciones que existen en el país para operar la arquitectura necesaria para implementar el pago electrónico de pasajes. Por el contrario, según la versión del denunciante, las autoridades se han decantado por buscar soluciones "muy caras" en el exterior.
Passer contactó al BCCR desde agosto del 2018 para exponerle las ventajas que ofrecen sus sistemas. No obstante, en noviembre pasado el Banco afirmó a Noticias Monumental, que en el mercado local no hay oferentes de ese tipo de plataformas, por lo que la contratación se deberá hacer a una empresa extranjera.
El ejecutivo de la firma agregó que en Costa Rica hay al menos cuatro empresas capacitadas para dar ese servicio. Empero, denunció que el Comité no ha mostrado ningún interés en sus servicios y que, al contrario, han optado por ir a buscar los mismos servicios fuera del país, lo cual, según Mayorga, le ha costado al Central "enormes cantidades de dinero".
Acerca de la cantidad de funcionarios públicos que laboran en el proyecto, Mayorga afirmó que el Banco Central ya tenía una planilla de 60 personas que en los últimos meses se duplicó sin que esté claro el objetivo de aumentar el personal a cargo de la iniciativa que se empezaría a implementar por partes, de acuerdo con un anuncio del Poder Ejecutivo, a partir de febrero del 2021. El denunciante agregó que su empresa elaboró el mismo sistema con solo 7 empleados.
Y afirmó que en un foro reciente en el que participaron autoridades del Central y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quedó claro que no existe una hoja de ruta planificada sobre lo que se debe hacer para ejecutar el pago electrónico.
"No tienen un plan de proyecto; ni hay un estudio de los costos reales de implementar esto. Sino que, por el contrario, desde el 2017 el Central ha invertido, incluso en una empresa consultora colombiana, millones de millones y, si usted en este momento va al Central y le pide que le enseñe realmente cuál es el avance, si quiera que le muestren un aparato para realizar el pago electrónico para empezar en marzo del próximo año, no le van a poder mostrar absolutamente nada. Lo que nosotros realmente vemos mal es que no tomen en cuenta lo que ya hay en el país", afirmó Mayorga.
Otro de los puntos que no suenan lógicos para el representante de Passer es que el BCCR vaya a gastar $1,2 millones por la contratación por un año de una pasarela de pagos a una empresa extranjera, cuando en Costa Rica, según su criterio, hay oferentes mucho más baratos y que ya cuentan con la tecnología necesaria para satisfacer esa demanda.
Según él, en Costa Rica existen opciones que cobran por transacción a las empresas que las utilicen y no al Gobierno, por lo que no se comprometerían recursos públicos.
En medio de las dudas que generan las actuaciones del Gobierno en el proyecto de pago electrónico de pasajes se presentó el proyecto de ley 21.674, Ley para establecer el pago electrónico en el transporte público. Según Mayorga, esa propuesta, aunque podría tener fines loables, provocaría serios perjuicios al erario.
La tesis de él es que al otorgarle más potestades al Comité, el proyecto le facilitaría hacer contrataciones onerosas de servicios en el exterior y excluir la licitación pública como mecanismo para explorar las opciones que hay en el país y ahorrar recursos públicos.
"El proyecto no delimita bien cuáles son los alcances que debe tener esta iniciativa, ni cuáles son los requerimientos e incluso señala que la implementación del cobro electrónico se deberá realizar en tres meses, con lo que le están ordenando al Comité que vaya y corra y que adquiera afuera los servicios, algo que el Central ya ha intentado pero que la Contraloría rechazó", advirtió.
Mayorga lamentó que el Central pretenda seguir gastando en la estructura del pago electrónico del transporte público cuando ya hay un "ecosistema" en el país que contiene todos los elementos necesarios para echar a andar la iniciativa.
El Sistema de Recaudo Central que pretende crear el Banco Central tampoco le parece a Mayorga un paso lógico en el proyecto.
La intención sería que todos los dineros que se recauden por pasajes se depositen en ese sistema para que luego el Central, al final del día, los distribuya a cada empresa.
Sin embargo, Mayorga explicó que en el sistema actual los bancos comerciales públicos y privados regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ya conservan registros de las transacciones.
"Nada de eso está mal. Pero el problema radica en que el Banco Central quiere comprar todo lo que ya existe en el país a un costo elevadísimo", señaló.
Central reacciona
CRHoy.com solicitó el criterio del Central sobras las denuncias del empresario, pero la institución no hizo referencia directa a ellas.
Se le pidió además aclarar lo que corresponde al aumento de la planilla de empleados que laboran en la implementación del sistema de pago electrónico del transporte público.
Al respecto contestó, a través de su Oficina de Comunicación, que el costo mensual por concepto de salarios del personal a cargo del proyecto es de ¢24,7 millones pero no dio datos sobre la cantidad de personas que están involucradas en el proceso.
También se le consultó el costo total de la puesta en funcionamiento del proyecto Sinpe-TP. Sobre este particular, contestó que el presupuesto que asigna a la iniciativa es de ¢5.000 millones.
En el cuestionario, enviado al Central desde el 7 de diciembre, se consultó cuáles empresas costarricenses, aparte de Passer, le han ofrecido a la entidad sus servicios para implementar el cobro electrónico en el transporte público y si esta ha rechazado sus servicios, como lo denunció el presidente de la firma mencionada.
Sin embargo, el BCCR se limitó a contestar que el Sinpe-TP será un servicio integrado al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), por lo que su módulo central, el Sistema Central de Recaudo, lo desarrolla el propio Banco in-house, es decir, internamente, pues es parte de la infraestructura pública que administrará la información de pago "para brindar confianza a usuarios, operadores y reguladores del transporte público".
El Banco reiteró que el Sistema se integrará a la pasarela de pagos y que esta se contratará a un proveedor internacional.
"El proceso de contratación fue recientemente aprobado por la Contraloría General de la República. También los operadores de los servicios de autobús deberán equipar sus unidades, para lo cual podrán contratar a empresas privadas que ofrezcan equipos para ese fin, previo cumplimiento de los requerimientos que serán establecidos para operar en Sinpe-TP", consideró el ente rector de la política monetaria del país.
Sobre el gasto en viajes al exterior de sus funcionarios durante el proceso de armado del sistema Sinpe-TP, el Central indicó que en el 2017, 2018 y 2020 envió a dos de sus empleados, y cuatro en el 2019, al evento Tranport Ticketing Global (TTG), en el Reino Unido. Además, en el 2019 tres funcionarios del Central participaron en un viaje a ese mismo país y la República Checa "para estudiar las dos mejores pasarelas de transporte identificadas en el mundo", contestó.
"Este seminario anual, gratuito para entidades públicas reguladoras del transporte y bancos, se lleva a cabo en el Reino Unido, país que es reconocido a nivel global como un líder por la calidad y eficiencia de sus sistema de transporte público. Además, es el referente por excelencia en pagos abiertos, en donde se utilizan las tarjetas bancarias para pagar todas sus modalidades de transporte (autobuses, trenes, barcos, subterráneos y otros)", respondió el Banco.
El Banco optó por no puntualizar ningún nombre cuando se le solicitó señalar cuáles han sido las empresas costarricenses que han enviado a sus representantes a los mismos viajes que han realizado funcionarios públicos.
Su respuesta fue en términos generales: "Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo de Transporte Público (CTP) y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que participan en el Comité Coordinador; operadores del transporte que conforma el Equipo Técnico de Operadores y funcionarios de los principales bancos nacionales que integran el Equipo Técnico de Bancos", indicó.
"Estos tres órganos están formalmente constituidos dentro de la estructura de organización del proyecto del pago electrónico en el transporte público. Lo costos de los viajes y estadías fueron cubiertos por las propias personas o por las entidades y empresas que representaban", agregó.
A mayo solo había diseño conceptual
En una auditoría de carácter especial, cuyos hallazgos publicó en agosto pasado la Contraloría General de la República determinó que, si bien desde el 2017 se firmó un nuevo convenio interinstitucional para consolidar y formalizar la estructura organizativa para implementar el sistema de pago electrónico en el transporte público, a mayo del 2020 solo se contaba con avances en su diseño conceptual y con la hoja de ruta para la ejecución de las primeras fases del proyecto.
Según ese documento, el BCCR había gastado hasta esa fecha ¢1.190,7 millones solamente en la implementación del Sistema Central de Recaudo.
La Contraloría determinó entonces que el proyecto tenía debilidades en la planificación, gestión de los riesgos y en los costos para su implementación.
"El proyecto carece de una estrategia que permita asegurar la consecución de los fines y objetivos, mediante la identificación formal de los requisitos, los recursos humanos y financieros, los tiempos y los costos necesarios para el desarrollo e implementación. No se han identificado los riesgos vinculados al proyecto, de manera que no son gestionados por parte del Comité Coordinador.
"Cabe indicar, que la gestión de riesgos incluye los procesos relacionados con la identificación, el análisis, la respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control, con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la de eventos negativos para el proyecto", reseño la Contraloría entre los resultados de la auditoría practicada.
Acerca de los costos, el informe detectó que no hay un plan para el desarrollo del proyecto con una línea base predefinida que promueva la optimización de los recursos públicos invertidos. Esto porque cada institución involucrada gestiona los recursos de manera independiente.
El órgano contralor también encontró que, a pesar de que el convenio para el desarrollo del proyecto se firmó desde el 2017, a mayo de este año no se habían identificado y documentado los roles, responsabilidades y habilidades requeridas del recursos humano necesario para la implementación del proyecto.
"Las debilidades señaladas se deben a la carencia de un Plan de Proyecto, en el que se describa la forma en la cual éste será ejecutado, monitoreado y controlado; y que contemple los aspectos mínimos de alcance, tiempo y costos requeridos, así como se consoliden e integren otros planes necesarios para la implementación del proyecto, entre otros, los relacionados con la gestión de los riesgos y los recursos humanos", determinó la Contraloría.