(Video) Detienen a banda sospechosa de vender carros robados en Panamá
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza una serie de allanamientos en Alajuela, Cartago y San José para desarticular una banda sospechosa de vender carros robados; parte de estos vehículos eran sustraídos en Panamá.
Las intervenciones se llevan a cabo en Poás de Alajuela; Oreamuno y La Unión, en Cartago; así como en los cantones josefinos de Aserrí, Desamparados y Pérez Zeledón, además de los distritos capitalinos de Catedral, Hatillo, Pavas y San Sebastián, desde la madrugada de este jueves.
Según la investigación que inició en el 2023, la organización recibía los vehículos robados y posteriormente los inscribía con documentación falsa en distintas instituciones del país para venderlos en el mercado como carros usados. Las autoridades contabilizan 19 casos y estiman un perjuicio económico de ¢167 millones.
Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que varios de los vehículos robados provenían de Panamá.
Tenemos casos de vehículos que fueron sustraídos en Panamá y aparecieron aquí, en Costa Rica. La gente los compraba porque ellos tenían personas encargadas de publicar los vehículos, buscar compradores y venderlos como si fueran automóviles adquiridos en territorio nacional.
Entre los detenidos figuran siete notarios, quienes presuntamente se encargaban de registrar los vehículos, así como el supuesto líder de la organización, de apellido Arley, cuya vivienda fue allanada en Oreamuno de Cartago.
Los compradores descubrían que los carros eran robados cuando realizaban la revisión técnica en Dekra. Al verificar los datos de los vehículos, detectaban que en el sistema existía otro automóvil con la misma información y que ya había aprobado la inspección. Tras percatarse de la situación, los conductores interpusieron las denuncias ante el OIJ.
De acuerdo con las autoridades, Arley utilizaba las ganancias obtenidas por la venta de vehículos para reinvertirlas en la compra de licor y cigarrillos, los cuales eran comercializados de forma ilegal mediante varias licoreras. Este caso también es investigado por la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda.