Elevada deuda heredada limitará inversión social y salarios en próximos 4 años
La elevada deuda pública, heredada de la administración anterior, limitará la inversión social y los salarios en el sector público, al menos durante los próximos cuatro años.
Así se desprende de las proyecciones sobre el crecimiento de la deuda del Gobierno Central como porcentaje del producto interno bruto (PIB) entre 2026 y 2030, datos del Ministerio de Hacienda y análisis realizados por economistas.
Según las más recientes cifras fiscales de Hacienda, al cierre de mayo la deuda del Gobierno Central se ubicó en el 60,5 % del PIB.
Esta cifra es 0,1 puntos porcentuales (p. p.) superior al 60,4 % registrado al cierre de 2025. Además, es significativamente mayor que el 58,9 % reportado al cierre de 2024.
La razón deuda/PIB es un indicador macroeconómico que compara las obligaciones totales de deuda de un país con el tamaño de su economía. Al ubicarse por encima del 60 % del PIB, la deuda del Gobierno Central coloca nuevamente a Costa Rica en el escenario más restrictivo de la regla fiscal, una norma creada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para limitar el crecimiento del gasto público.
Este escenario implica severas restricciones al gasto público: conlleva el congelamiento de salarios e incentivos en el sector público, limitaciones a la inversión social y al gasto corriente, así como la prohibición de crear nuevos créditos estatales, salvo para amortizar deuda.
Proyecciones
Según proyecciones elaboradas por la economista y exviceministra de Hacienda Edna Camacho, con base en datos de la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la deuda como porcentaje del PIB se ubicará en el 61,1 % este año. Posteriormente, subiría al 61,4 % en 2027, se reduciría ligeramente al 61,3 % en 2028 y se situaría en el 60,7 % en 2029.
No obstante, estimaciones del Ministerio de Hacienda señalan que el endeudamiento superará el 67 % del PIB en 2031.
Presión sobre el gasto
Camacho explicó que la deuda pública sigue siendo elevada y que, al activarse el escenario más restrictivo de la regla fiscal, se reduce significativamente el margen para el gasto corriente, incluido el gasto de capital.
También señaló que, aunque el pago de intereses de la deuda ha disminuido en los últimos años, continúa siendo elevado, pues absorbe cerca de una tercera parte de los ingresos del Gobierno, los cuales, además, han venido disminuyendo desde el año pasado.
Al Gobierno le quedan, por tanto, dos terceras partes de sus ingresos para financiar obligaciones ineludibles y atender necesidades acumuladas, principalmente en educación, salud, infraestructura y seguridad.
Un criterio similar expresó el economista Daniel Ortiz, de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), quien afirmó que, al superar el 60 % del PIB, la deuda profundiza algunas de las vulnerabilidades que enfrenta la economía costarricense.
"La deuda, a estos niveles elevados, es más sensible a choques como una desaceleración económica, un aumento en las tasas de interés o una depreciación del tipo de cambio. Además, se reduce el margen para responder ante crisis y la política fiscal pierde cada vez más flexibilidad. Cuando la deuda del Gobierno supera ese nivel, la regla fiscal entra en el tramo más restrictivo. Eso significa que el crecimiento del gasto corriente queda limitado, se pierde flexibilidad en el presupuesto y el ajuste termina recayendo principalmente sobre el gasto", detalló.
¿Por qué está creciendo?
El economista y exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez dudó de que, en el escenario actual, la deuda como porcentaje del PIB pueda disminuir.
Explicó que el incremento de la deuda obedece, principalmente, a la caída de los ingresos del Gobierno.
"Mientras la recaudación no se recupere de manera significativa y no se reduzca de forma importante el pago de intereses, es muy difícil que la deuda disminuya de manera sostenida. Ahí es donde el actual Gobierno enfrenta una presión importante. No se trata únicamente de reducir la deuda, sino de evitar que siga presionando otras áreas, principalmente el gasto, a través del pago de intereses", sostuvo.
Los ingresos totales del Gobierno alcanzaron ₡3.056.747 millones a mayo de 2026, lo que representó una disminución neta acumulada de ₡58.290 millones (0,1 % del PIB de 2026) en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situaron en ₡3.115.037 millones. Este resultado reflejó una caída interanual del 1,9 %, en contraste con el crecimiento del 2,2 % registrado en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el pago de intereses de la deuda a mayo de 2026 ascendió a ₡982.950 millones, equivalentes al 1,8 % del PIB. Este rubro presentó un aumento interanual del 6,0 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en ₡927.506 millones (1,8 % del PIB). Esta variación representó un incremento de ₡55.444 millones, explicado principalmente por mayores pagos de deuda interna, que aumentaron un 10,9 %. Este efecto fue parcialmente compensado por una reducción del 10,3 % en los pagos de deuda externa.

