Abogados de grupo narco intentaron evitar publicaciones sobre juicio, esto les respondió el juez
Dos abogados de imputados en el caso Imperio, que investiga presunto narcotráfico y legitimación de capitales contra una estructura liderada por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias "Pioja", solicitaron a los jueces del Tribunal de Juicio de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) que un periodista dejara de publicar detalles del debate contenidos en el expediente judicial.
Los defensores Leonel Villalobos y Héctor Cascante manifestaron a los juzgadores su inconformidad porque el periodista de CR Hoy, Álvaro Sánchez, quien se encontraba en sala dando cobertura al juicio, había divulgado información sobre el desarrollo del debate, nombres de los imputados y la fotografía del supuesto líder narco el día de su captura, el 19 de julio del 2022.
"Queremos aprovechar que aquí está el periodista para que se le llame la atención", expresó Cascante durante la audiencia, señalando al reportero.
Los abogados hacían referencia a una publicación de este medio en la que se reprodujo el testimonio de un investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien declaró en juicio que la organización criminal, asentada en la comunidad María Reina de Hatillo, vendía droga a toda hora del día, incluso a clientes como cruzrojistas y bomberos.
Según el relato del agente, esta conclusión se obtuvo tras extensas vigilancias y seguimientos realizados en el sitio.
No obstante, el presidente del Tribunal, Danicio Fernández Berrocal, rechazó la petición y recordó a los defensores que el proceso se rige por el principio de oralidad y publicidad, tal como lo establece el Código Procesal Penal y las convenciones internacionales suscritas por el país.
"El juicio es oral y público, esa es una regla en un Estado democrático", indicó, al tiempo que explicó que esto permite que las actuaciones sean conocidas por la ciudadanía, dentro de los parámetros legales.
Sobre el uso de imágenes y audios de los imputados, el jerarca recordó que ya se había advertido a la prensa desde el inicio del debate. "Se les recordó a los medios lo correspondiente al uso de la imagen y la voz de los imputados", afirmó.
Además, señaló que las partes pueden acudir a las vías legales correspondientes en caso de inconformidad.
Finalmente, aclaró que el Tribunal no tiene reportes de un uso indebido de la información. "No tenemos ninguna información de que se esté haciendo un manejo inadecuado, por lo que se mantienen las reglas establecidas desde el inicio", concluyó.
Juicio contra organización criminal de alias "Pioja".
Incidente fuera de sala
Varios de los imputados que enfrentan el proceso en libertad también manifestaron, por medio de sus abogados, su oposición a ser fotografiados, solicitud que fue acatada desde un inicio por este medio.
Sin embargo, al finalizar la audiencia de este martes, uno de los sospechosos gritó improperios contra el periodista que cubría el juicio. El hecho fue presenciado por defensores y personal de seguridad de la Corte Suprema de Justicia.
Otros imputados, incluido alias "Pioja", permanecen en prisión preventiva desde su detención el 19 de julio de 2022.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Rodríguez Chaves lideró la adquisición, preparación, almacenamiento y comercialización de drogas en barrio María Reina de Hatillo, en San José, zona señalada como uno de los principales focos de narcomenudeo del país.
Alias "Pioja" el día de su captura en una torre de apartamentos en la Sabana, San José.
El grupo también habría utilizado como centro de operaciones el Hotel La Fortuna, ubicado en avenida 6, calle 2-4, en la capital, especialmente durante el período comprendido entre 2020 y mediados de 2022, junto a otros 34 integrantes.
Además de la venta de droga, alias "Pioja" y sus allegados habrían conformado una estructura para la legitimación de capitales, mediante la cual adquirieron, ocultaron y transformaron bienes con dinero proveniente del narcotráfico.
Según la Fiscalía, estas acciones se realizaron "con pleno conocimiento de su actuar delictivo y a sabiendas del origen ilícito de las ganancias", introduciendo recursos al sistema bancario nacional para darles apariencia de legalidad.
Para estas operaciones, el Ministerio Público señala como pieza clave a un abogado y notario que presuntamente se integró a la organización para confeccionar actos notariales fraudulentos, utilizados para encubrir el origen ilícito de los bienes.