Criminales toman control de zonas protegidas en Puerto Jiménez y amenazan a autoridades
Tras investigación de CR Hoy la Fiscalía Ambiental abrió una investigación por la utilización de precaristas para tomar terrenos del Estado y permitir el ingreso de embarcaciones con droga
La Fiscalía Ambiental advierte que estructuras criminales están tomando control de zonas protegidas en Puerto Jiménez, en la zona sur del país, con un patrón sistemático de ocupación en manglares, bosques y áreas silvestres que además facilita actividades como el narcotráfico.
Así lo explicó el fiscal coordinador Luis Diego Hernández, quien detalló que han identificado un patrón de ocupación sistemática en manglares, bosques y áreas silvestres protegidas —muchas de ellas patrimonio natural del Estado— con el objetivo de dominar estos espacios.
Según indicó, en manglares se han detectado intervenciones que siguen un mismo esquema: ingreso de precaristas, apertura de caminos o canales y establecimiento de asentamientos. Estas acciones, además de generar grave daño ambiental, facilitan otras actividades ilícitas como el narcotráfico.
Esta situación fue dada a conocer tras una investigación de CR Hoy en playa Blanca, Aguja, playa Preciosa, Carate y otros sectores de Puerto Jiménez donde se han dado daños ambientales que ahora están bajo investigación judicial. En el caso de playa Blanca, este medio evidenció la construcción de ranchos con zinc y madera, tanto en fincas privadas como en la zona de manglar.
Dos de los propietarios de fincas afectados narraron que han sido víctimas de amenazas y hasta de atentados con disparos. El movimiento de personas que pretenden instalarse en la zona es liderado por dos sospechosos de narcotráfico: un ex guardacostas de apellido Carvajal y un sujeto de apellido Guerra, investigado en el caso Cortés (ver nota aparte).
Antes esta situación, el fiscal Hernández advirtió que estos territorios, por su geografía, pueden ser utilizados como rutas o puntos logísticos para el trasiego de drogas, debido a la complejidad de sus canales naturales. A esto se suma que quienes ocupan estos espacios terminan funcionando como apoyo o "campanas" para grupos criminales.
Cambio en la dinámica
El fiscal también alertó sobre un cambio en la dinámica del delito ambiental, que ahora muestra una mayor organización y presión sobre las autoridades. En ese contexto, confirmó que funcionarios han denunciado amenazas, intimidaciones y presiones para que no continúen con su labor o eviten reportar irregularidades.
Incluso, mencionó que se han registrado movimientos y traslados de funcionarios que eran activos en la atención de estos casos, lo que calificó como un retroceso frente a la necesidad de fortalecer el control en estas zonas.
El jerarca subrayó que estas prácticas forman parte de un modus operandi de grupos que buscan consolidar su presencia en territorios estratégicos, aprovechando tanto la riqueza ambiental como las debilidades en el control estatal.
El Fiscal Ambiental de Osa tuvo que ser sacado de la zona por amenazas y dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) fueron remitidos al programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía.
Uno de los funcionarios que ha recibido intimidaciones es Óscar Beita, quien está destacado en el Parque Nacional Corcovado. Sus reportes sobre daños ambientales en zonas protegidas lo han puesto en la mira de organizaciones criminales.
Beita hizo un llamado a las autoridades para reforzar la atención de las denuncias ambientales en Puerto Jiménez. Según explicó, el Sinac cuenta con la plataforma "Sitadas", un sistema mediante el cual se reciben y gestionan reportes; sin embargo, advirtió que en Puerto Jiménez este mecanismo no se estaría utilizando de forma activa, lo que provoca un rezago en la atención de casos.
El funcionario señaló que esta situación implica un descuido en áreas sensibles, por lo que urgió a las jefaturas a reactivar plenamente la plataforma y fortalecer la respuesta institucional ante los reportes.
Asimismo, pidió mayor articulación con el Ministerio Público para que las denuncias sean recibidas e investigadas, así como un refuerzo en la coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, al considerar que se requiere más apoyo para enfrentar los delitos ambientales en la región.
El fiscal Luis Diego Hernández asegura que estructuras criminales están penetrando y tomando control de zonas protegidas en Puerto Jiménez.
"La Municipalidad no hace nada"
El fiscal Hernández considera que la Municipalidad de Puerto Jiménez también tiene responsabilidad en el manejo ambiental de la zona, particularmente ante la ocupación de territorios protegidos por parte de grupos que operan de forma irregular.
Según explicó, la instalación de asentamientos en manglares y otras áreas costeras está provocando la destrucción de ecosistemas frágiles, además de un desarrollo urbanístico desordenado y sin permisos, lo que —a su criterio— pudo haberse frenado desde el ámbito local.
El fiscal señaló que los gobiernos municipales cuentan con facultades legales para intervenir de forma inmediata ante construcciones irregulares, por lo que advirtió una falta de acción que estaría facilitando la expansión de estas ocupaciones.
"La municipalidad no hace nada tampoco. El gobierno local tiene facultades para inmediatamente impedir un desarrollo mal planificado, sin permisos, en precario", advirtió el fiscal.
Hernández alertó que esta situación no solo impacta el ambiente, afecta la imagen del país como destino sostenible y genera riesgos en materia de seguridad.
"Estos lugares se van convirtiendo en enclaves de estructuras criminales que van a generar muchos problemas fuera del control del Estado", concluyó.
En la investigación de CR Hoy, publicamos que la Municipalidad ha recibido hasta 17 solicitudes de cambio de uso de suelo en playa Blanca. Una de esas solicitudes es precisamente de un sospechoso de narcotráfico de apellido Guerra.
En ese reportaje, el alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, confirmó que la municipalidad realiza inspecciones junto con otras entidades. Indicó que el caso está en manos del inspector de la zona marítimo-terrestre y que existe una denuncia por posibles daños ambientales.
Funcionarios municipales y personal del SINAC visitaron el sitio para verificar la situación. El jerarca señaló que dará una posición más amplia cuando revise el informe completo.