Guardaparques Óscar Beita: “Narco usa manglares para abastecimiento de combustible”
El funcionario además asegura que los grupos criminales de Puerto Jiménez financian la extracción de oro en Corcovado
"Hay áreas específicas de manglar que son utilizadas por redes criminales para el trasiego de drogas y abastecimiento de combustible. A raíz de nuestras labores hemos recibido amenazas y nos hemos visto obligados a interponer denuncias ante la Fiscalía por intimidación a funcionario público".
El relato es del guardaparques Óscar Beita, destacado en el Parque Nacional Corcovado, en Puerto Jiménez. El funcionario decidió dar la cara al asegurar que está cansado de lo que ocurre en las zonas protegidas del Pacífico Sur.
En conversación con CR Hoy, Beita describió el riesgo constante al que se enfrentan los guardaparques, así como el temor que —según afirma— han infundido personas vinculadas al crimen organizado para frenar su labor y obligarlos a "ver hacia otro lado".
Funcionarios del Sinac durante un operativo en el Parque Nacional Corcovado.
El funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación recordó que uno de los primeros casos que documentó fue en Playa Blanca, donde detectó afectaciones que luego fueron dadas a conocer por este medio, relacionadas con el ingreso de precaristas y la apertura de canales en manglares con el fin de ocultar embarcaciones narco.
Desde entonces, asegura, la problemática se ha extendido. Sectores como Rincón, Playa Colibrí, Platanares y la misma Playa Blanca, en Puerto Jiménez, presentan daños en zonas de protección, donde —según su experiencia en campo— operan estructuras organizadas.
"No escatiman en desbaratar manglares, comprar propiedades e incluso invadir terrenos del Estado para sus actividades", agregó.
El trabajo también ha tenido consecuencias personales. Beita reconoce que ha sido blanco de amenazas directas, incluso mediante redes sociales, donde se promovieron acciones para desacreditarlo y presionar su salida. También recuerda reuniones organizadas en Puerto Jiménez con el objetivo de apartar a funcionarios del área.
A pesar de ello, sostiene que tanto él como sus compañeros mantienen su compromiso de no ceder ante la intimidación y continuar con la protección de los recursos naturales.
Narco y minería
El guardaparques también advierte sobre posibles vínculos entre estas actividades y otras economías ilícitas. Según explicó, existe información en investigación que apunta a una relación entre la extracción ilegal de oro en Corcovado y grupos criminales que financian logística, equipos e insumos, además de comprar el material extraído, lo que podría estar ligado a legitimación de capitales.
Los operativos en la zona les han permitido ubicar puntos como el río Tigre y el río Sirena, donde se han generado fuertes daños ambientales producto de estas actividades.
En algunos casos, incluso han detectado cavernas de hasta 15 metros dentro de la montaña, donde los responsables utilizan herramientas tecnológicas y químicos para separar el mineral de la tierra.
El relato de Beita es respaldado por el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz, quien afirmó que la minería ilegal es una actividad histórica en la zona, pero que ha tenido un repunte reciente.
Funcionarios del Sinac y de la Fuerza Pública encontraron un campamento de coligalleros presuntamente financiados por el narco.
Según indicó, el aumento responde al alto precio del oro en el mercado internacional, lo que ha incentivado la presencia de más personas dedicadas a esta actividad, situación que también se replica en otras regiones del país.
Muñoz advirtió que los oficiales del Sinac enfrentan condiciones complejas, incluyendo amenazas para evitar que reporten irregularidades. Aclaró que no necesariamente se trata de corrupción, sino de un entorno donde el temor y el aislamiento influyen en la toma de decisiones.
Además, señaló que no se descarta una vinculación con el crimen organizado, ya que a nivel internacional estas estructuras han incursionado en la minería como una vía para lavar dinero. Mencionó que ya existen indicios en zonas como Crucitas, donde grupos ligados al narcotráfico financian la extracción y compran el oro.
El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández, coincide en el aumento de personas ingresando a esta área protegida y en que existe una relación con estructuras criminales detrás de estas actividades.