Defensoría presenta amparo contra el presidente por ley mordaza
Catalina Crespo, defensora de los habitantes (CRHoy)
(CRHoy.com) La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, presentó este jueves un recurso de amparo contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, por el expediente legislativo 20.799, conocido como ley mordaza.
La ley está en Casa Presidencial a la espera de ser firmado o vetado por el mandatario.
En la acción judicial, la Defensoría argumentó las razones por las cuales este proyecto resulta lesivo a los derechos fundamentales como la transparencia, rendición de cuentas, y la autodeterminación informativa, por lo que resulta improcedente la firma del mandatario y solicita una medida precautoria a los magistrados constitucionalistas.
"Uno de los conceptos íntimamente vinculados con la transparencia es la rendición de cuentas, en tanto la transparencia es una condición necesaria para que los gobiernos sean imputados por sus acciones, es decir, que la responsabilidad pública les pueda ser atribuida. La entendemos como un sistema que obliga, por una parte, al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos, y por otra parte, dota a la ciudadanía de mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público. Uno de los límites – quizá el más importante – con respecto a la rendición de cuentas, es la asimetría de la información", puntualiza el recurso presentado.
Vicios de procedimiento
La Defensoría también señala posibles vicios de procedimiento en la aprobación del proyecto en segundo debate.
"Careciendo de conexidad y debida publicidad, la versión final fue votada en segundo debate el día 26 de abril del 2022, sin consultarse a la Defensoría de los Habitantes, y a los colegios profesionales correspondientes, lo que deja ver claras inconsistencias en el procedimiento legislativo", indica el recurso.
"Este decreto legislativo de convertirse en Ley de la República afectaría claramente el derecho a la información y la publicidad informativa, tutelados por la Sala Constitucional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos", indicó Crespo.
El proyecto se denomina "Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia", en su origen plasma la voluntad en regular y agilizar el acceso a la información pública por parte de los habitantes, sin embargo, "en su desarrollo y análisis legislativo sufrió serias modificaciones que desvirtuaron la voluntad inicial convirtiéndose en una especie de ley mordaza, la cual claramente atenta contra la institucionalidad costarricense", indica la Defensoría en un comunicado oficial.
El proyecto ya está en Casa Presidencial y la ley establece 10 días hábiles para que se proceda a su firma o bien se aplique un veto parcial o total.