Denuncian al rector de la UCR ante Procuraduría de la Ética por supuesto freno a investigación interna
Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR)
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue denunciada ante la Procuraduría de la Ética Pública por presuntamente frenar la apertura de una investigación interna relacionada con un supuesto conflicto de intereses durante una elección en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).
La gestión fue presentada el pasado 12 de mayo contra la Rectoría encabezada por Carlos Araya Leandro.
El caso surgió a raíz de una gestión administrativa interpuesta en 2025 por el periodista Sergio Zúñiga, quien cuestionó la participación de un funcionario de apellido Zeledón en el proceso electoral universitario realizado en noviembre de 2023 para elegir la Subdirección de la ECCC.
Según el documento, durante esa sesión se sometió a votación un levantamiento de requisitos para permitir la candidatura de Zeledón, ya que inicialmente no contaba con el rango académico exigido por el Estatuto Orgánico de la UCR.
El denunciante también señaló que tanto Zeledón como su esposa, de apellido Marroquín, participaron en la votación pese a tener una relación directa con el asunto discutido.
Rectoría rechazó abrir investigación
La denuncia original alegaba posibles conflictos de intereses, incumplimiento del deber de abstención y eventuales afectaciones al principio de probidad administrativa. Sin embargo, según el escrito remitido a la Procuraduría, la Dirección de la ECCC rechazó abrir una investigación formal y posteriormente la Rectoría ratificó esa decisión.
En la denuncia se afirma que "el examen de admisibilidad no puede transformarse en un mecanismo para clausurar anticipadamente investigaciones sobre hechos plausibles y complejos".
Además, el escrito cuestiona que las autoridades universitarias realizaran valoraciones de fondo sobre el caso sin trasladarlo previamente a la Comisión Instructora Institucional, órgano encargado de los procesos disciplinarios dentro de la universidad.
El documento también señala que el Tribunal Electoral Universitario conoció inicialmente el caso, pero posteriormente indicó que no tenía competencia para resolver el fondo disciplinario.
Ante esto, el denunciante solicitó a la Procuraduría analizar si existió un uso improcedente del examen de admisibilidad para evitar una investigación formal y si las actuaciones de las autoridades universitarias podrían ser incompatibles con los principios de imparcialidad y probidad administrativa.
CR Hoy consultó a la Oficina de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y se está a la espera de una respuesta oficial.