Expertos cuestionan proyecto para prohibir contratación de empresas investigadas
Expertos en contratación administrativa aseguran que proyecto suena popular, pero tendría roces con la constitución
Carlos Alvarado, presidente de la República y Rodolfo Méndez Mata, durante una actividad en 2018. Archivo CRH
(CRHoy.com) – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y Casa Presidencial, acorralados por el escándalo del caso "La Cochinilla", salieron al paso de las críticas anunciando una iniciativa de ley con la que pretenden prohibir la participación en contrataciones de proyectos viales, a empresas envueltas en actos de corrupción.
Según el artículo dos del proyecto de ley, "Las personas físicas y/o jurídicas sobre las que pesen medidas cautelares de cualquier naturaleza, firmes y vigentes, declaradas por autoridad judicial competente, por hechos vinculados con procedimientos de contratación del MOPT y de sus órganos desconcentrados, no podrán participar de manera directa ni indirecta en los procedimientos de selección de contratistas que se promuevan en el ámbito institucional establecido en el artículo 1 de esta Ley".
Tras un segundo allanamiento a Casa Presidencial y altos jerarcas del Mopt, Presidencia, Ministerio de Hacienda y más de 19 funcionarios o exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) involucrados en el supuesto esquema de corrupción, el proyecto de ley pone el enfoque de la problemática sobre los contratistas del Estado.
Dos expertos en contratación administrativa y derecho constitucional aseguran que aunque la iniciativa pueda llegar a ser muy popular y ayude a levantar la imagen de Presidencia, al desviar la mirada de las responsabilidades del Gobierno, podría partir de una premisa que sería inconstitucional: violentar el principio de inocencia.
Este principio, indica que el imputado mantiene como persona su estado de inocencia durante todo el proceso penal hasta tanto se demuestre con certeza su culpabilidad y consecuentemente sea condenado por sentencia firme. En nuestro país ese proceso llega hasta tribunales superiores de apelación, que en la mayoría de casos, toma varios años.
Según el Dr. Chirstian Campos, abogado experto en contratación administrativa, un proyecto de ley que busque ese fin, suena muy bien para el común de la gente, pero el enorme problema, es que iría en contra de lo que garantiza la ley y la jurisprudencia.
Las medidas cautelares en temas penales son concretas; firmar, no salir país, etc. Usar ese argumento para decirle a una empresa que no pueden ofertar, como lo quiere el Gobierno, es totalmente inviable. Un juez penal nunca llegará a dictar una medida cautelar contra una empresa obligándola a no ofertar, eso sería desproporcionado, carente de razonamiento, incongruente y una norma abusiva, propia de Estados autoritarios.
Asegura que una propuesta en ese sentido, es invertir el principio constitucional de inocencia. "Una idea símil, reconozco la tentación, que todo empleado o jerarca público, que es objeto de investigaciones o procesos ordinarios por conducta corrupta, sea separado del cargo sin goce salarial. Empero, bien sabemos ya la línea de la jurisprudencia constitucional y contenciosa, precisamente por lo mismo: principio de inocencia hasta que en firme no se resuelva lo contrario" indicó el abogado a CRHoy.com
Por su parte, Esteban Alfaro, abogado experto en derecho constitucional y administrativo, apuntó que algunas partes de la propuesta del Mopt, parecen desproporcionales.
Me parece que el proyecto, a como está planteado, podría tener roces el principio de inocencia, hay que recordar que este es un principio constitucional y de derechos humanos, y que aplica tanto para personas físicas como jurídicas hasta que no se demuestre lo contrario en última instancia. Pareciera que el proyecto hace un adelanto o una inversión de este principio que no sé si pasará el tamiz de la Sala Constitucional en su momento…
Alfaro asegura que tanto el ordenamiento jurídico costarricenses, como la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento establecen mecanismos para casos concretos, en obras concretas, que se podrían tomar como medidas para sancionar al contratista.
Otro aspecto a considerar, es la continuidad de obras en ejecución ante investigaciones preliminares, porque "tan importante es un adecuado manejo de fondos públicos de forma transparente, como que las obras que están en proceso se concluyan adecuadamente y en el caso particular (caso La Cochinilla) si los jueces penales hubiesen querido suspender contratos u obras, pudieron haberlo hecho a solicitud de la fiscalía y no ha pasado" concluyó Alfaro.