Ausencia de dictamen impide a Fiscalía pedir medidas contra expolicía investigado por contrabando
El Ministerio Público no puede solicitar medidas cautelares contra un expolicía al que le decomisaron mercadería de contrabando, debido a que falta un dictamen técnico aduanero que debe elaborar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Se trata de un hombre de apellidos Martínez Hernández, quien tiene un negocio en el centro de San José que fue allanado hace tres semanas.
Pese a que le decomisaron gran cantidad de productos, la Sección de Delitos Varios de la policía judicial no ha remitido ese informe a la Fiscalía de Delitos Económicos. Esto le ha permitido al sospechoso mantener operaciones normales y seguir vendiendo todo tipo de productos.
Este despacho judicial tiene a cargo la causa contra el exoficial de la Fuerza Pública, quien ha sido objeto de seguimiento por parte de distintas autoridades durante nueve años debido a negocios vinculados con el contrabando de cigarrillos.
Según la policía, Martínez es el principal comerciante de esta mercadería en la denominada tierra del contrabando, ubicada en calle 8 de San José, cerca del Mercado Borbón.
El Ministerio Público confirmó a CR Hoy que, mientras no cuenten con ese dictamen, no podrán plantear ante un juez las medidas que pretenden solicitar contra este sujeto. Al parecer la Fiscalía tendría la intención de pedir acciones que culminen con el cierre del negocio.
Monto de decomiso
Ese documento debe especificar formalmente el valor exacto de la mercancía decomisada. Este dato resulta indispensable, ya que el delito de contrabando solo se configura cuando el valor de lo incautado supera los $5.000.
La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue la encargada de ejecutar el allanamiento y reportó el decomiso de aproximadamente 12.000 cajetillas de cigarrillos, licor ilícito y aparatos electrónicos.
La Fiscalía agregó que esta es la única causa en la que Martínez figura como imputado, pese a que en el pasado fue investigado en otros casos por la PCF.
Allanamientos a expolicía
Expolicía imputado por el delito de contrabando
El expolicía allanado formó parte del Ministerio de Seguridad Pública entre 2008 y 2017 e integró el Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Sin embargo, tras salir de la institución por cuestionamientos relacionados con pérdida de confianza, transformó un local comercial en calle 8, San José, en el epicentro de la distribución de cigarrillos de contrabando en la capital, según pudo corroborar CR Hoy.
Desde entonces acumula un extenso historial de casi una década de investigaciones en las que se ha visto vinculado a decomisos, sin que los expedientes concluyeran con alguna sanción penal.
Los registros policiales relacionan a Martínez con pesquisas por contrabando desde hace más de nueve años. Entre las acciones más relevantes destacan los allanamientos efectuados en 2017 en Curridabat, así como los operativos realizados en 2020 contra propiedades ligadas a la estructura.
En mayo de 2025, las autoridades ejecutaron un importante golpe en calle 8, donde decomisaron cerca de cuatro millones de cigarrillos.
A lo largo de 2025 y principios de 2026, este medio captó en videos dentro del local, que pese a esas intervenciones la venta continuaba sin ningún tipo de ocultamiento.
Últimas intervenciones
Martínez fue visto detrás del mostrador, contando monedas, atendiendo clientes de forma abierta y vigilando de cerca a quienes ingresaban al establecimiento.
Ante la reincidencia, en mayo de 2026 las autoridades judiciales volvieron a intervenir el lugar mediante un allanamiento.
Pese a que el establecimiento acumula más de 20 expedientes abiertos en la Municipalidad de San José y registra decenas de clausuras, los recursos de revocatoria, apelaciones y otras gestiones en sedes administrativas han impedido que los cierres se mantengan por más de 48 horas.
De hecho, tras la más reciente intervención del OIJ en 2026, el comercio volvió a abrir sus puertas, lo que obligó a la Municipalidad de San José a activar los mecanismos contemplados en el artículo 90 bis para intentar la cancelación permanente de la patente.
