Frenan juicio contra sospechoso de sustraer ₡3.300 millones del BN por incapacidad de su abogado
Fiscalía pidió aplicarle exámenes médico-legales y ampliar temporalmente prisión a extesorero
El juicio contra Ricardo Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional acusado de extraer cerca de ₡3.300 millones de las bóvedas de la entidad, no pudo comenzar debido a la incapacidad médica de su abogado defensor, Eduardo Jiménez Araya, quien alegó haber sufrido un golpe en la cabeza.
El debate oral y público estaba previsto para iniciar a las 8:30 a.m.; sin embargo, el defensor se presentó de forma virtual y aseguró que no podía permanecer en audiencia debido a su estado de salud, producto de una caída que, aparentemente, sufrió el domingo y que le provocó golpes en la cabeza y parte de la espalda, por lo que acudió al médico.
No obstante, el fiscal del caso, Ronald Segura, aseguró que existe constancia de que Jiménez se presentó el miércoles a interponer una denuncia junto a otro cliente y que también participó en diligencias judiciales esta semana en los Tribunales de Pavas, pese a encontrarse incapacitado.
Además del retraso en el inicio del juicio, preocupa que el exfuncionario permanezca bajo prisión preventiva, medida cautelar que vence este viernes 8 de mayo.
Por esa razón, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública decidió extender la prisión preventiva de manera instrumental y reprogramó el inicio del juicio para el próximo jueves 14 de mayo.
En el expediente, Olivas —de 37 años— figura como el presunto líder de un millonario esquema de peculado dentro del Banco Nacional, junto a otros funcionarios que habrían colaborado con la extracción del dinero, principalmente mediante sobres de manila.
Dudas sobre el abogado
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó al Tribunal que el abogado defensor fuera sometido a exámenes médico-forenses, petición que fue respaldada por los jueces, luego de que el propio jurista indicara que consume medicamentos que podrían tener ciertos efectos.
"Considerando que el mismo defensor indicó que tiene algunos padecimientos que le obligan a tomar ciertos medicamentos, se solicitó de forma responsable que se le enviara a exámenes médico-legales, no solamente para determinar si está en capacidad de asumir el debate, sino también para establecer si está en capacidad de ejercer como abogado.
Si toma algunas sustancias que puedan ser psicotrópicas, podrían incidir en su capacidad cognitiva. Para nosotros, este caso es muy importante", detalló el fiscal Segura.
En caso de que los exámenes determinen que no puede continuar como defensor, el Tribunal tendría que separarlo del caso y nombrar un abogado público, con el fin de evitar una suspensión total del juicio y que Olivas pueda salir de prisión preventiva.
El Ministerio Público mantiene la expectativa de que el proceso no se aplace más allá de mayo.
En este caso, denominado "Gallo Tapado", el exfuncionario enfrenta 33 cargos de peculado, delitos que podrían exponerlo a una pena de hasta 36 años de cárcel.
La investigación permitió detectar pruebas sobre la presunta sustracción de dinero bajo custodia de Olivas mientras laboraba en el Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional.
Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2021 y octubre de 2023, período en el que el imputado supuestamente diseñó y ejecutó un plan para apropiarse de grandes sumas de dinero en efectivo y extraer fajos de billetes en sobres de papel.
Su cargo como tesorero le permitía tener acceso directo a fondos provenientes de depósitos empresariales y coordinar el traslado de dinero a distintas sucursales.
Las autoridades lograron documentar al menos siete extracciones entre agosto y setiembre de 2023. Sin embargo, no descartan que existan más casos debido a la falta de arqueos rigurosos desde 2019.
Aunque el monto total que presuntamente habría acumulado supera los ₡4.556 millones, las autoridades detectaron un faltante de ₡3.239 millones.
Parte del dinero, según la investigación, habría sido utilizado en juegos de azar para generar premios que luego eran distribuidos entre supuestos integrantes del grupo, con el fin de justificar ingresos y ocultar el origen ilícito de los fondos.