Gobierno impulsa reactivación minera en Crucitas: estas son las propuestas
El Gobierno impulsa en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría reactivar, de manera excepcional, la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris de San Carlos, una actividad prohibida en Costa Rica desde 2010.
La iniciativa plantea crear un régimen especial únicamente para esa zona del norte del país, con el argumento de combatir la minería ilegal que durante años ha provocado daños ambientales, violencia y extracción clandestina de oro.
El proyecto no elimina la prohibición nacional vigente, sino que crea una excepción específica para Crucitas.
¿Qué propone el plan?
La propuesta autoriza la exploración y explotación de oro bajo un esquema regulado por el Estado y sujeto, según el texto, a controles ambientales y técnicos más estrictos.
Además, declara la actividad minera en Crucitas como de "conveniencia nacional", una figura que permitiría agilizar trámites, inversiones públicas y acciones estatales relacionadas con el desarrollo de la actividad.
Uno de los principales cambios es que las concesiones mineras no se entregarían por orden de solicitud, sino mediante una subasta pública.
Las empresas interesadas tendrían que demostrar experiencia en minería a cielo abierto, solvencia financiera, certificaciones internacionales y ausencia de sanciones ambientales.
Después competirían ofreciendo cuánto pagarían al Estado mediante un royalty, es decir, un porcentaje sobre el valor del oro extraído.
La empresa que ofrezca el mayor porcentaje sería la adjudicataria, siempre que cumpla los requisitos técnicos.
El proyecto fija un royalty mínimo del 5%.
¿Cómo se repartiría el dinero?
Según la propuesta, los recursos obtenidos se distribuirían de la siguiente forma:
- 72% para la Caja Única del Estado, con prioridad para seguridad, ambiente y deuda pública
- 25% para la Municipalidad de San Carlos
- 3% para asociaciones de desarrollo de las comunidades cercanas
El texto obliga a esas entidades a presentar informes públicos sobre el uso de los fondos.
La iniciativa prohíbe expresamente el uso de mercurio y también la lixiviación abierta, una técnica utilizada para separar metales.
Además, ordena al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) elaborar un diagnóstico sobre contaminación de aguas, degradación de suelos y riesgos para la salud pública en la zona de Crucitas.
El proyecto también exige el uso de tecnologías de "ciclo cerrado", con sistemas para reutilizar materiales y reducir contaminación.
La propuesta crea una Comisión Mixta Consultiva de Fiscalización Minera (Comicofi), integrada por instituciones públicas, geólogos, asociaciones de desarrollo, cámaras empresariales y organizaciones ambientales.
Ese órgano tendría funciones de seguimiento social y ambiental, además de canalizar denuncias relacionadas con la actividad minera.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es una cláusula de "seguridad jurídica" que mantendría vigentes las concesiones otorgadas aunque la ley fuera derogada en el futuro.
En la práctica, esto podría convertir las concesiones en derechos adquiridos y abrir la puerta a eventuales demandas contra el Estado si posteriormente se intentara volver a prohibir la actividad minera en la zona.
El texto más actualizado de la propuesta de ley puede verlo en este enlace Proyecto Crucitas
¿En qué etapa está el proyecto?
La iniciativa fue presentada el 25 de noviembre de 2024 por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves Robles.
Ahora, la presidenta Laura Fernández decidió convocarla durante el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, etapa en la que el Poder Ejecutivo define cuáles proyectos pueden discutirse en el Congreso.
El plan ya fue dictaminado en septiembre de 2025 por la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la anterior Asamblea Legislativa.
Sin embargo, al expediente todavía le queda pendiente el segundo día de mociones de fondo vía artículo 137, fase en la que los 57 diputados pueden presentar cambios al texto del proyecto.
Según indicó la presidenta legislativa, Yara Jiménez, esas mociones pasarán ahora a estudio de la Comisión de Ambiente, debido a que la anterior Comisión Especial de la Provincia de Alajuela ya no existe en el actual período constitucional.