Gestión de Infinito Gold Mining contra Costa Rica

Interés de Canadá en millonario arbitraje por Crucitas desata inquietudes

Pablo Rojas [email protected] Febrero 5, 2019  12:02 am

02052019

  • Compañía canadiense solicitó $321 millones como indemnización por fallido proyecto minero
  • Canadá se incorporó al proceso legal; parlamentario de ese país solicitó respuestas

El interés del gobierno de Canada en el proceso de arbitraje internacional que sostiene la empresa de ese país, Infinito Gold Mining, contra el Estado de Costa Rica por el fallido proyecto minero de Crucitas genera inquietudes a lo interno de la política norteamericana.

Desde agosto del año pasado, Canadá solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -del Banco Mundial- convertirse en una parte ‘no contendiente’ dentro del proceso. La petición fue aceptada.

Esa gestión, denominada amicus curiae (estatus de observador), procede cuando un tercero quiere formar parte del proceso y aportar dentro del litigio.

Algo similar ocurrió en junio de 2016, cuando la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Aprefloflas) fue aceptada como parte del proceso.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) respondió en setiembre del año pasado que Canadá procedió de esta forma al amparo del Acuerdo de Protección de Inversiones suscrito entre ambos países.

Desde febrero de 2014 Infinito Gold Mining planteó el arbitraje contra Costa Rica ante el Ciadi y reclamó una indemnización de $321 millones por el proyecto que se pretendía realizar en Crucitas de Cutris, San Carlos.

El reclamo

Infinito exige el pago de ese dinero por –supuestamente- una serie de inversiones realizadas en la zona. Además, reclamó violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones.

En 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera otorgada a la compañía canadiense en 2008 durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010).

La anulación se dio por irregularidades en el decreto de conveniencia nacional que dio pie a la iniciativa. Coincidentemente, la firma de ese documento mantiene en vilo al expresidente ante la posibilidad de enfrentar un juicio por 2 delitos de presunto prevaricato.

¿Qué es lo nuevo?

El 24 de enero anterior, el parlamentario canadiense Peter Julian solicitó al gobierno de su país aclarar el ‘repentino’ interés en el arbitraje internacional. Por ejemplo, urgió esclarecer la decisión de unirse al proceso hasta 4 años después de su inicio.

“¿Qué nueva información sobre este caso ha llevado al gobierno a solicitar y recibir la condición de observador en este arbitraje internacional?”, expuso el político, quien además pidió los detalles de todas las personas involucradas en la gestión.

Rick Arnold, activista canadiense que suma años detrás del caso, sospecha que existe un interés del gobierno del país norteamericano en respaldar las posturas de Infinito Gold Mining.

Según Arnold, ni las autoridades canadienses ni las costarricenses han querido ahondar en los detalles que mediaron en el interés manifiesto del gobierno de Canadá en el millonario arbitraje. Aparentemente, la compañía está opuesta a que trascienda mayor información al respecto.

“(…) Peter Julian se enteró de esta situación y se ha ofrecido para ayudare a obtener información sobre esta extraña ‘intervención’ del gobierno canadiense. Se planteó una pregunta a través del Parlamento Federal desde el 28 de enero y el gobierno deberá responder. La información debe llegar en un plazo de 45 días”, citó Arnold, mediante un correo electrónico.

Durante los 4 años que tiene este proceso, el Estado costarricense había cancelado -a setiembre de 2018- un total de $954 mil por la representación legal ejercida por un bufete de abogados internacionales.

Para la defensa legal de este caso, Comex contrató a la firma Arnold & Porter por un monto total de casi $1.7 millones.



Haga clic para ver más noticias sobre: caso Crucitas, Crucitas.