Magistrados responden a Laura Fernández y le exigen presentar denuncias de supuesta corrupción
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y el magistrado Jorge Araya, de la Sala Constitucional, levantaron la voz contra las acusaciones de corrupción en el Poder Judicial formuladas por la presidenta Laura Fernández.
La Corte Plena acordó responder, en nombre de toda la institución, a la mandataria, y rechazó categóricamente las afirmaciones de que el Poder Judicial está infiltrado por el crimen organizado, calificándolas de "acusaciones genéricas" e "irresponsables".
Altos jueces también cuestionaron las constantes descalificaciones del Poder Ejecutivo, luego de que Fernández afirmara que la corrupción y la delincuencia estaban metidas "hasta los tuétanos" del Poder Judicial, pese al pronunciamiento institucional que la Corte ya había emitido por escrito.
"Dice el refrán que para hablar de la gente y para comer pescado hay que tener cuidado. Es una acusación muy seria que nosotros no podemos aceptar. Cuando dicen estas cosas, presenten las denuncias. Porque el Poder Judicial, en todos los casos en que existen sospechas de actos irregulares o de corrupción, las investiga y las sanciona", manifestó Solano.
La magistrada recordó que los procesos de reclutamiento y contratación de personal son más rigurosos que los de otras entidades públicas; dependencias como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuentan con acreditaciones internacionales por la calidad de sus filtros.
Araya reprochó a Fernández sus declaraciones sin fundamento, parte de un guion que suele repetirse en países donde terminan irrespetándose los derechos de los ciudadanos. Consideró, además, que esas manifestaciones son irresponsables y comprometen la imagen de miles de funcionarios honestos.
"Le recuerdo a la señora Fernández que su cargo conlleva responsabilidad por lo que diga. No se vale jugar con 13.000 familias judiciales que hacen su trabajo con responsabilidad, con mística y con honradez. Pueden existir algunos casos, como en toda familia, que se salgan del común denominador; los ha habido, los hay y probablemente los habrá. Pero que se manche la honra de 13.000 familias costarricenses que trabajan para el Poder Judicial, eso es absolutamente inaceptable", añadió.
