Oposición denuncia que PPSO ocultó informe para favorecer a Fabricio Alvarado

Diputados de oposición denunciaron en el Plenario Legislativo que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ocultó y presentó a última hora un informe jurídico que recomendaba no votar los tres informes relacionados con el caso del exdiputado y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada por la exlegisladora Marulin Azofeifa.

Se trata de un criterio técnico del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, solicitado por la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, pese a que existía un primer criterio de la asesoría legal que sí recomendaba someter los informes a votación.

Jiménez decidió archivar los informes con base en el criterio cuestionado por la oposición y en el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas, al considerar improcedente votar el caso debido a que la denuncia involucra a una persona que ya no ostenta el cargo de diputado.

María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio, calificó que "es una vergüenza que se agarren de un segundo informe que dejaron debajo de la mesa".

Además, sostuvo que durante la reunión de jefaturas de fracción realizada la mañana de este jueves, la presidencia legislativa les dio a entender que los informes sí serían sometidos a votación y que posteriormente, en el Plenario, apareció el nuevo criterio técnico para justificar una decisión que calificó como "espuria y sin vergüenza para proteger a un acosador".

La diputada de Liberación Nacional, Diana Murillo, cuestionó que existieran dos criterios distintos y que la jerarca legislativa optara por el emitido por Servicios Técnicos y no por el de la asesoría legal.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, aseguró en el Plenario que el oficialismo protegió a Alvarado luego de que este votara en dos ocasiones contra el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves y, según afirmó, con la intención de ubicarlo en algún puesto dentro de la actual administración.

PPSO rechazó apelación

La fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) evitó que Fabricio Alvarado recibiera una sanción ética pública por presunto acoso sexual, al rechazar una apelación presentada contra la resolución de la presidenta del Congreso.

Las mociones de apelación fueron rechazadas con 29 votos en contra, correspondientes a Pueblo Soberano, y 24 votos a favor de las bancadas de oposición: PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC.

Las fracciones opositoras calificaron la decisión como un acto de impunidad y una "red de cuido" a favor de Alvarado.

Jiménez fundamentó su resolución en el criterio de Servicios Técnicos, que recomendó no someter los informes a votación al considerar que las denuncias corresponden a una persona que ya no es diputado y que el plazo para imponer una eventual sanción venció.

No obstante, la presidenta legislativa sostuvo que, más allá de los criterios técnicos, debía actuar conforme al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas y la Constitución Política. Según afirmó, actuar de otra forma podría implicar incumplimiento de deberes y prevaricato.

Entre sus argumentos también indicó que el caso contra Alvarado ya se encuentra en la vía judicial y con medidas cautelares vigentes.

Jiménez reiteró que el caso debió resolverse en el Congreso anterior, pese a que el oficialismo —liderado por Pilar Cisneros—, Nueva República y diputados aliados se ausentaron de las últimas sesiones del Plenario para impedir la discusión de los informes.

Asamblea anterior no votó el caso

Alvarado ya había evitado ser sancionado por el Congreso anterior gracias a una estrategia impulsada por la bancada oficialista, Nueva República y diputados de otras fracciones que se aliaron al Gobierno en varias votaciones, quienes se ausentaron en las dos últimas sesiones y evitaron la votación.

Diputados actuales solicitaron a Jiménez emitir una resolución y someter los informes a votación para cerrar el caso y hacer cumplir el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, aprobado en 2020.

Alvarado se expone a una sanción ética pública y podría convertirse en el primer exdiputado sancionado por el Congreso.

El caso también se tramita en la vía judicial. Alvarado enfrenta tres denuncias: la presentada por Azofeifa, así como otra de Alicia Castillo por presunto abuso sexual cuando ella tenía 13 años, en 2006, y la de una tercera mujer.

Como Alvarado ya no cuenta con inmunidad, los procesos continuarán, a partir de esta semana, en la vía judicial ordinaria.

Por su parte, la defensa de Azofeifa solicitó medidas cautelares como arresto domiciliario con tobillera electrónica, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a la denunciante, entre otras restricciones.

El 12 de mayo, Alvarado se presentó a la Fiscalía General para una indagatoria en la que se le dio a conocer los procesos en su contra. Al exdiputado se le impusieron medidas cautelares: no perturbar a la denunciante (Castillo) durante el proceso de investigación.