PPSO evita sanción contra Fabricio Alvarado mientras oposición señala impunidad

La fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) salvó al exdiputado Fabricio Alvarado de recibir una sanción ética pública por presunto acoso sexual, al rechazar una apelación a la resolución de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, quien archivó los informes relacionados con las denuncias interpuestas por la exlegisladora Marulin Azofeifa, mientras la oposición calificó la decisión como impunidad y red de cuido.

Las mociones de apelación fueron rechazadas con 29 votos en contra de Pueblo Soberano y 24 a favor de la oposición (PLN, FA, PUSC y CAC).

Las bancadas de oposición calificaron la decisión como un acto de impunidad y una "red de cuido" a favor de Alvarado, quien, cuando era diputado, votó dos veces en contra del levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.

Jiménez fundamentó su resolución en un criterio de Servicios Técnicos que recomendó no someter los informes a votación, al considerar que las denuncias involucran a una persona que ya no ostenta el cargo de diputado y que el plazo para imponer una eventual sanción ya venció.

No obstante, la presidenta legislativa afirmó que, más allá de los criterios técnicos, debía actuar conforme al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas y la Constitución Política. Según dijo, accionar de otra forma podría implicar incumplimiento de deberes y prevaricato.

Dentro de los argumentos incluyó que el caso contra Alvarado se encuentra en la vía judicial y con medidas cautelares vigentes.

Jiménez reiteró que el caso debió ser resuelto por el Congreso anterior; pese a que el oficialismo, liderado por Pilar Cisneros, Nueva República y diputados aliados se ausentaron de las últimas sesiones del Plenario para impedir la discusión de los informes.

En un inicio, Yara Jiménez Fallas solicitó un criterio a la asesoría legal de la Asamblea Legislativa, instancia que avaló la posibilidad de discutir los informes en el Plenario.

Incluso, Jiménez remitió previamente los informes a los 57 diputados para que los analizaran antes de tomar una decisión.

Posteriormente, la presidenta legislativa pidió un segundo criterio al Departamento de Servicios Técnicos, cuya recomendación fue no someter los informes a votación, al considerar que la denuncia se refiere a una persona que ya no tiene relación ni nexo con el actual Congreso.

Oposición cuestiona a Yara Jiménez

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que la decisión representa "impunidad" y una "red de cuido" a favor de Fabricio Alvarado.

Insistió en que la resolución es ilegal, que debían gaarantizarle protección a la víctima y que el argumento de que el caso se encuentra en la vía judicial no es válido.

Por su parte, el jefe de bancada del PLN, Álvaro Ramírez, afirmó que el oficialismo está protegiendo a una persona denunciada incluso por la actual presidenta de la República, Laura Fernández, quien anteriormente aseguró haber sido acosada por Alvarado cuando trabajaba como asesora legislativa.

"No sé por qué esta necesidad de defender a Fabricio Alvarado (…) Cómo es posible que estén defendiendo a la persona denunciada que acosó a la presidenta Laura Fernández", defendió el verdiblanco.

Mientras tanto, la diputada del CAC, Claudia Dobles, manifestó su indignación por la resolución y sostuvo que el oficialismo defiende a Alvarado por razones que desconoce.

Añadió que el archivo automático es improcedente con base en los argumentos técnicos, ya que deben concluir el proceso establecido en el reglamento.

Además, cuestionó que la presidencia legislativa primero pusiera los informes en conocimiento de los actuales diputados y posteriormente decidiera archivarlos.

Dobles agregó que tanto los anteriores como los actuales legisladores —un total de 114 personas— tuvieron acceso a la denuncia, lo que, a su criterio, vulneró a la presunta víctima.

Abril Gordienko, del PUSC, apeló a que en la fracción oficialista hay mujeres, madres, pastoras evangélicas, y que debía enviar la "señal correcta" de que en Costa Rica no se avala el hostigamiento u acoso en contra de las mujeres.

Citó un criterio de la Defensoría de los Habitantes también menciona que los actuales diputados debían votar los informes y emitir una sanción ética.

Asamblea anterior no votó el caso

Alvarado ya había evitado ser sancionado por el Congreso anterior gracias a una estrategia impulsada por la bancada oficialista, Nueva República y diputados de otras fracciones que se aliaron al Gobierno en varias votaciones, quienes se ausentaron en las dos últimas sesiones y evitaron la votación.

Diputados actuales solicitaron a Jiménez emitir una resolución y someter los informes a votación para cerrar el caso y hacer cumplir el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, aprobado en 2020.

Alvarado se expone a una sanción ética pública y podría convertirse en el primer exdiputado sancionado por el Congreso.

El caso también se tramita en la vía judicial. Alvarado enfrenta tres denuncias: la presentada por Azofeifa, otra de Alicia Castillo por presunto abuso sexual cuando ella tenía 13 años, en 2006, y la de una tercera mujer.

Como Alvarado ya no cuenta con inmunidad, los procesos continuarán, a partir de esta semana, en la vía judicial ordinaria.

Por su parte, la defensa de Azofeifa solicitó medidas cautelares como arresto domiciliario con tobillera electrónica, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a la denunciante, entre otras restricciones.

El 12 de mayo, Alvarado se presentó a la Fiscalía General para una indagatoria en la que se le dio a conocer los procesos en su contra. Al exdiputado se le impusieron medidas cautelares: no perturbar a la denunciante (Castillo) durante el proceso de investigación.