Procuraduría exige ₡50 millones de indemnización por robo a bóvedas del Banco Nacional
La Procuraduría General, órgano que actúa como abogado del Estado, solicitó una indemnización de ₡50 millones por concepto de daño social en el juicio del conocido caso Gallo Tapado, en el cual se investigó al exfuncionario Ricardo Olivas Valle por la sustracción multimillonaria de efectivo de las bóvedas del Banco Nacional.
Así lo dio a conocer el procurador Federico Quesada durante la lectura de la querella y de la acción civil resarcitoria presentada por la entidad, la cual se suma a la acusación penal de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Olivas es un extesorero que se desempeñó en el Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional y quien, desde el inicio, figuró como principal sospechoso y acusado en el caso judicial que permitió determinar la sustracción de más de ₡3.293 millones de la sede central de la entidad bancaria, en San José, aunque se cree que el desfalco fue mucho mayor.
En su cargo como tesorero de Procesamiento de Numerario de Clientes Externos, su oficina se encargaba de recibir, tramitar y acreditar los depósitos en efectivo de grandes clientes. La Fiscalía sostuvo en su acusación que, entre 2021 y 2023, Olivas Valle ideó un plan para adueñarse de millonarias sumas de dinero.
Según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), presuntamente aprovechaba la falta de arqueos físicos exhaustivos para ocultar fajos de billetes en sobres de manila amarillos y retirarse de las instalaciones con ellos en la mano.
Aunque el arqueo oficial del Banco Nacional determinó un faltante exacto de ₡3.293.829.421,40, la acusación fiscal indica que los beneficios económicos injustificados que acumuló paulatinamente superaron los ₡4.566 millones.
La hipótesis judicial señala que gran parte del dinero sustraído fue legitimado y gastado principalmente mediante la compra masiva de juegos de lotería ("gallo tapado") y chances.
El juicio contra este sujeto comenzó esta tarde y, tras la participación inicial de la Fiscalía y la Procuraduría, ahora es el turno de la entidad bancaria de presentar sus alegatos mediante la querella y la acción civil resarcitoria que también interpuso.