¿Qué sigue con el FEES 2027 tras ruptura entre Gobierno y Conare?

Conare

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• El Poder Ejecutivo dio por finalizadas las negociaciones del FEES 2027 tras no lograr un acuerdo con Conare, lo que abre un nuevo escenario para definir el presupuesto universitario.
• El Gobierno rechazó la propuesta de incremento del 2,94% y mantiene su posición de un aumento del 0% sobre el monto constitucional, mientras las universidades también reclaman fondos pendientes del FEES 2025.
• El futuro del FEES podría definirse en la Asamblea Legislativa o en una sesión pactada para julio de 2026, según el acuerdo entre Gobierno y universidades.

El Poder Ejecutivo dio por concluidas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2027, tras no alcanzar un acuerdo con el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Con la ruptura del diálogo, se abre ahora una interrogante central: ¿qué ocurrirá con los recursos adicionales solicitados por las universidades públicas? De momento, se perfilan dos posibles escenarios.

Durante la sesión realizada este martes 21 de abril, en Casa Presidencial, los rectores de las universidades estatales plantearon un aumento del 2,94% para el FEES, equivalente a más de ₡17 mil millones.

Además, solicitaron el giro de ₡11.521 millones correspondientes a fondos postergados del FEES 2025 y propusieron que las negociaciones se desarrollen cada cuatro años.

Sin embargo, el Gobierno rechazó la propuesta, la calificó como "demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades" y mantuvo su posición de otorgar un incremento del 0% sobre el monto constitucional de ₡593.484 millones.

Primer escenario: la Asamblea Legislativa definiría el presupuesto

Tras la sesión, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, aseguró que la negociación fue cerrada por parte del Gobierno y que el futuro del FEES quedará en manos de la Asamblea Legislativa.

"Nosotros hemos cerrado por parte del Gobierno la negociación y esto se tendrá que discutir en la Asamblea Legislativa", declaró ante los medios de comunicación.

De concretarse esta ruta, no sería la primera vez que los diputados intervengan en la definición de los recursos universitarios.

En 2024, la Comisión de Hacendarios aprobó un aumento del 2% para las universidades públicas, tras un acuerdo entre legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ese incremento, equivalente a ₡11.521 millones, debía ser transferido por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hasta la fecha los recursos no han sido girados y corresponden a los mismos fondos reclamados ahora por los rectores.

En ese momento, el Ministerio de Hacienda condicionó el desembolso a la aprobación del proyecto de emisión de eurobonos.

Posteriormente, la Sala Constitucional condenó a Hacienda por no transferir el presupuesto asignado para 2025, correspondiente a ese 2% adicional del FEES.

Segundo escenario: una sesión pendiente en julio

Por su parte, Conare sostiene que la negociación no puede darse por terminada, debido a que existe una nueva sesión pactada para julio de 2026 dentro del convenio firmado entre ambas partes el año anterior.

"Cuando nosotros decimos que seguimos en negociación es porque el artículo 2 del convenio del FEES para el año 2026 tiene establecida otra sesión de Comisión de Enlace para revisar la inflación a junio de este año", indicó a CR Hoy Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente de Conare.

Según el documento, del que este medio tiene copia, durante julio se revisará la inflación acumulada y, si supera el 1% y hasta el 1,5%, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar recursos adicionales en el presupuesto extraordinario siguiente, es decir, en el FEES 2027.

Acuerdo de la Comisión de Enlace para sesión en julio del 2026

Además, las universidades se comprometieron a avanzar en una redistribución más equitativa de los recursos internos del fondo, en el marco de los acuerdos tomados por Conare.

El convenio fue firmado por los cinco rectores de las universidades públicas: María Estrada Sánchez (TEC), William Rojas Meléndez (UTN), Carlos Araya Leandro (UCR), Rodrigo Arias Camacho (UNED) y Jorge Herrera (UNA).

Por parte del Gobierno lo suscribieron el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez; el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora; y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Marlon Navarro Álvarez.

También contó con la firma de la representante estudiantil, Raquel Loría Quesada.