Reinstalarán en aeropuerto a policías antidrogas que sacó Chaves
Once oficiales de la PCD regresarán a labores de vigilancia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con lo que se revierte la decisión adoptada durante el gobierno de Rodrigo Chaves de retirar a los agentes antinarcóticos de esa terminal aérea.
La presidenta Laura Fernández confirmó este lunes la medida y aseguró que "los datos demuestran que es en el aeropuerto donde se requiere la presencia de la PCD". Además, indicó que la dinámica del narcotráfico ha cambiado y ya no es la misma que la de hace cuatro años.
Entre los 11 agentes permanentes habrá un analista antidrogas asignado de forma fija. Asimismo, operarán tres investigadores de la DIS, adscrita al Ministerio de la Presidencia. La mandataria agregó que, en el futuro, también se incorporarán policías especializados en los aeropuertos de Liberia y Tobías Bolaños, en Pavas.
En 2023, durante la administración Chaves, se ordenó el retiro total de los agentes antidrogas de los principales puntos de ingreso al país, incluidos los puertos marítimos, los aeropuertos y los puestos fronterizos terrestres.
Tras esa decisión, la vigilancia en las terminales aéreas y marítimas quedó a cargo de la Policía de Fronteras y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), pese a las múltiples advertencias y críticas que generó la medida.
Los agentes fueron reasignados a bases regionales bajo el argumento de fortalecer el combate contra el narcomenudeo y desarrollar labores de investigación interna.
Sindicatos y expertos en seguridad denunciaron que la DIAC era un cuerpo policial de reciente creación y que carecía de la experiencia operativa y de la formación especializada de la PCD para detectar cargamentos contaminados con droga a gran escala.
La decisión fue calificada por diversos sectores de oposición como un "desmantelamiento de los controles aduaneros y fronterizos", presuntamente ejecutado sin estudios técnicos o científicos que justificaran alejar a la policía especializada de las principales vías de ingreso y salida de mercancías del país.
Tres años después, el Gobierno decidió revertir esa política y restablecer la presencia de la PCD en el principal aeropuerto del país.
Movidas bajo la lupa
Decisiones adoptadas durante el gobierno anterior, como el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de zonas vulnerables al narcotráfico y la reasignación del personal de PCD que permanecía en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, están bajo escrutinio de la nueva administración.
Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, admitió días atrás que estas cuestionadas decisiones son revisadas y que, alrededor de los primeros 100 días de la administración de Fernández, se determinará si se mantienen o si se introducen cambios operativos en estos sensibles cuerpos policiales.
Entre 2023 y 2025, bajo la gestión del exministro Mario Zamora y del viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, se implementaron reformas operativas que generaron fuertes cuestionamientos por parte de diputados, exjefes policiales y sindicatos, quienes señalaron que debilitaban los escudos del país contra el trasiego internacional de cocaína y marihuana.
La mayoría de los cambios ocurrieron a mediados de 2023, entre ellos la extracción del comando élite de Guardacostas del Triángulo de Osa —principal puerta de entrada de cargamentos de droga provenientes de Sudamérica—, el retiro de unidades del Caribe Sur y el traslado de la academia especializada en oficiales marítimos.
Campos confirmó que estas acciones forman parte de una "revisión absoluta" que realizan desde el primer mes de gestión junto con los viceministros Nelson Barquero y Gerardo Castaing, así como con los jefes designados en cada cuerpo policial.
"Todo está en la revisión. Tenemos que tomar decisiones. El asunto es que estamos ahorita atacando las bandas de crimen organizado y estamos trabajando por objetivos. Esperamos en los primeros 100 días establecer ya la línea de trabajo y la forma de trabajo. Están siendo revisadas todas las decisiones operativas", respondió el jerarca.
Los cierres en Guardacostas
Una de las decisiones más cuestionadas fue el retiro del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Bahía Drake, en una base inaugurada por el propio Gobierno en abril de 2023 para responder a alertas sobre lanchas rápidas utilizadas por el narco.
Su ubicación en el Pacífico Sur era considerada estratégica, ya que, según Estados Unidos, por esa zona ingresan cientos de toneladas de droga al territorio costarricense.
En junio de 2023, se ordenó verbalmente trasladar al grupo táctico hacia la estación de Golfito. El comando élite, especializado en interceptar embarcaciones rápidas utilizadas para el tráfico de drogas, nunca regresó a Bahía Drake.
Sus oficiales fueron redistribuidos entre las estaciones de Golfito y Quepos, lo que aumentó los tiempos de desplazamiento y de respuesta para atender incursiones de narcotraficantes que utilizan el río Sierpe como ruta de ingreso.
En sustitución del GOPES, el puesto quedó a cargo de oficiales de la Fuerza Pública, carentes del entrenamiento y del equipo especializado para realizar operaciones marítimas contra el narcotráfico.
Las autoridades alegaron que la estación no contaba con un muelle, pese a que existía un proyecto para que Estados Unidos donara esa infraestructura, iniciativa que nunca se concretó.
Ese mismo periodo también fue cerrado el puesto de Guardacostas de Sixaola, una ubicación estratégica en el Caribe Sur, fronteriza con Panamá. La orden, emitida verbalmente por Jiménez Steller implicó el traslado del personal a Portete, en Limón, aumentando los tiempos de respuesta hasta una hora o más.
Aunque el Gobierno argumentó que la estación no disponía de embarcaciones para patrullaje, en lugar de fortalecerla optó por cerrarla.
A estas decisiones se sumaron el cierre de la academia naval de Quepos, cuya capacitación fue trasladada a Pococí, una zona sin acceso al mar, y el traslado del Centro de Comunicaciones del Servicio Nacional de Guardacostas —considerado el cerebro operativo de la institución— a la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una medida que, según las críticas, debilitó el alcance de las comunicaciones marítimas y la capacidad de coordinación de las operaciones en alta mar.
