Sala IV ordena fijar juicio por caso “Pimpollos” en un máximo de tres meses
La Sala Constitucional ordenó al Juzgado Penal de Limón fijar fecha para el juicio, en un plazo máximo de tres meses, en el caso por presuntos delitos sexuales contra personas menores y mayores de edad que se sigue contra un empresario de apellidos Fung Acón.
La resolución fue emitida el pasado 7 de mayo, luego de que las personas afectadas interpusieran un recurso de amparo en el que señalaron una espera de casi siete años sin que se realizara el debate.
"Los siete años de atrasos injustificados en el expediente no solo han prolongado nuestro sufrimiento, sino que han convertido la espera en una segunda victimización institucionalizada. Como víctima abusada a los 15 años, he padecido en carne propia las suspensiones reiteradas de audiencias, la falta de programación de juicio y la omisión sistemática de celeridad que exige el Código Procesal Penal", señaló una de las víctimas en el recurso de amparo.
El proceso ya había sido elevado a juicio tras la audiencia preliminar realizada el 11 y 12 de febrero, en la que la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Limón sostuvo la acusación por múltiples delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
El caso, conocido mediáticamente como "Pimpollos" abarca hechos que, según la investigación, habrían ocurrido entre 2017 y 2019, principalmente en una vivienda ubicada en el cantón central de Limón.
De acuerdo con la acusación fiscal, el expediente se sustenta en declaraciones, peritajes y otros elementos probatorios que apuntan a un supuesto patrón de acercamiento a adolescentes, presuntamente aprovechando condiciones de vulnerabilidad social y económica.
Según la tesis del Ministerio Público, en ese lugar se realizaban reuniones en las que participaban personas menores de edad, en las que —de forma preliminar— se habrían dado conductas que podrían encuadrar en distintas figuras penales, incluyendo ofrecimientos económicos y la captación de imágenes en contextos íntimos.
La acusación incluye varios delitos contemplados en el Código Penal y en legislación especial de protección a personas menores de edad. En caso de una eventual condena, las penas podrían implicar varios años de prisión, lo cual deberá ser determinado por el Tribunal.
El expediente también hace referencia a la posible participación de terceros o reclutadores en algunos de los hechos investigados.
Entre los elementos incorporados en la causa figuran testimonios de siete presuntas víctimas. Uno de ellos menciona un supuesto "rito de iniciación" en el que se les habría obligado a desnudarse y dejarse fotografiar.
Otro testimonio señala que, hacia finales de noviembre de 2019, comenzó a circular en redes sociales —principalmente mediante WhatsApp— un documento en formato PDF en el que aparecían varios jóvenes identificados como "Pimpollos", presuntamente vinculados al empresario.