Diputado afectado por cierre de Coopeservidores plantea cambios a procesos de resolución financiera
Coopeservidores R.L. (CRH).
El diputado Antonio Barzuna, quien fue uno de los inversionistas afectados por el cierre de Coopeservidores R. L., impulsa un proyecto de ley para reformar los procesos de resolución de entidades financieras.
El legislador del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) planteó un texto que busca reformar la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, normativa que se aplicó para la resolución de Coopeservidores y de la financiera Desyfin S. A. en 2024.
Barzuna reconoció que, como afectado por Coopeservidores, identificó las mejoras que requiere esa ley y, por ello, presentó la iniciativa, la cual no tendría efectos retroactivos.
Aunque aseguró que la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros representa un avance significativo en la consolidación de la seguridad financiera, señaló que la experiencia derivada de su aplicación ha dejado en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer diversos aspectos de su funcionamiento.
Esto debido a que la existencia de un marco legal para la resolución bancaria no es suficiente por sí misma si no garantiza, al mismo tiempo, transparencia para los afectados, participación de los ahorrantes y acreedores, y separación funcional en las etapas críticas del proceso de resolución.
Según el texto, la finalidad es modernizar, armonizar y fortalecer el marco normativo aplicable al Fondo de Garantía de Depósitos y a los mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, de manera que responda con mayor eficacia a las necesidades actuales de estabilidad financiera, protección del ahorro público, transparencia institucional, gobernanza prudencial y resolución ordenada de entidades supervisadas.
Antonio Barzuna, diputado del PPSO.
Fondo único
La propuesta contiene tres reformas significativas.
En primer lugar, plantea la creación de un patrimonio común en el Fondo de Garantía de Depósitos, a diferencia del esquema vigente, en el cual el fondo se administra mediante compartimentos según la naturaleza jurídica de las entidades contribuyentes.
Barzuna argumentó que este modelo puede generar rigideces operativas en escenarios de crisis, pues limita el uso integral de los recursos disponibles y puede afectar la capacidad de respuesta del sistema cuando una entidad contribuyente requiere apoyo para el pago de la garantía.
Según sostiene, esta situación se resolvería con la propuesta, ya que el pago de la garantía se realizaría independientemente del sector al que pertenezca la entidad.
"La unificación del fondo tiene mayor valor precisamente frente a eventos sectoriales o concentrados, que son aquellos en los cuales la crisis no afecta simultáneamente a todo el sistema financiero. En tales casos, la mutualización permite que el ahorro acumulado en sectores no afectados contribuya a atender oportunamente el evento de resolución, reduciendo la necesidad de activar mecanismos contingentes y fortaleciendo la confianza de los depositantes", detalla el texto.
El legislador aclaró que la creación de un fondo único no sustituiría los mecanismos de respaldo previstos en la ley ni eliminaría la necesidad de una adecuada supervisión prudencial.
Administradores
La segunda reforma busca evitar que los mismos administradores participen en todas las etapas de un proceso de resolución financiera, con el fin de garantizar una mayor imparcialidad y neutralidad.
En ese sentido, propone una mayor separación funcional entre las labores de valoración, recomendación y ejecución del proceso.
"Solo se busca evitar que una misma persona concentre, sin controles suficientes, todas las etapas técnicas relevantes de la resolución", indica el proyecto.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debería designar distintos administradores según las necesidades de cada caso.
Participación
Finalmente, la iniciativa plantea la creación de una Asamblea y un Comité de Ahorrantes y Acreedores.
Este comité tendría carácter consultivo e informativo, actuaría como canal institucional de comunicación entre los afectados y la administración de la resolución, y también podría emitir observaciones no vinculantes durante el proceso.
Su finalidad no es sustituir al Conassif, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ni a los administradores de la resolución, sino abrir un espacio de comunicación institucional durante este tipo de procesos con quienes representarían a los afectados directos.
El congresista alegó que existe un daño patrimonial que recae sobre muchos ahorrantes y acreedores, tal y como ocurrió en el caso de Coopeservidores, donde el número de perjudicados ascendió a aproximadamente 145.000 personas.
El administrador pondría en conocimiento del comité información general del proceso, sin comprometer la celeridad, la confidencialidad ni la estabilidad de la resolución.
