Diputados avanzan con nuevo texto en plan de Ciudad Gobierno
Así luce el diseño planteado para el proyecto Ciudad Gobierno. Casa Presidencial
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobaron por unanimidad una moción de texto sustitutivo al proyecto que busca reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para la construcción de Ciudad Gobierno.
Es una iniciativa que archivó la Asamblea Legislativa anterior y que la bancada de Pueblo Soberano (PPSO) revivió. La propuesta se incorporó en el proyecto de ley Jaguar, declarada inconstitucional en dos ocasiones por la Sala Constitucional.
Durante el primer día de discusión de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo, se presentaron 35 enmiendas al proyecto. La tercera moción, presentada por la diputada del PPSO y presidenta del foro, Marta Esquivel, fue aprobada con el respaldo de todos los legisladores, incluidos los integrantes del bloque democrático.
Cambios al texto original
El texto sustitutivo incorpora mayores controles y mecanismos de fiscalización para la ejecución de obras públicas, aspectos que no quedaban claramente establecidos en la versión original del proyecto.
Pese al avance de la iniciativa, la bancada del Frente Amplio mantiene dudas sobre algunos de sus alcances. Las diputadas María Eugenia Román y Joselyn Sáenz cuestionan si la reforma a la Ley de Contratación Pública pretende aplicarse exclusivamente al proyecto Ciudad Gobierno o si abriría la posibilidad de extenderse a otras obras públicas, lo que, según advirtieron, podría generar portillos para "saltarse" los procedimientos ordinarios de contratación estatal.
Por su parte, los diputados del bloque democrático insisten en la necesidad de desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno; sin embargo, sostienen que la redacción anterior era inconstitucional por contravenir el artículo 182 de la Constitución Política, que establece la obligación de someter las obras públicas a procesos de contratación y licitación.
Mientras tanto, el oficialismo rechazó una moción para convocar en audiencia a la contralora general de la República, Marta Acosta, quien durante la administración de Rodrigo Chaves cuestionó el modelo propuesto para Ciudad Gobierno debido a que contemplaba la adjudicación del proyecto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin un proceso de licitación. Además, el esquema planteaba que el Gobierno alquilara edificios construidos en terrenos de su propia propiedad.
"Es llover sobre mojado", manifestó Esquivel al justificar su oposición a la comparecencia.
Ahora, la Comisión de Asuntos Jurídicos continuará con el análisis de las mociones de fondo presentadas al expediente.
Proyecto de Ciudad Gobierno
El Ejecutivo impulsó el proyecto de Ciudad Gobierno, que planteaba construir un complejo estatal en Plaza Víquez para concentrar instituciones públicas, financiado con un préstamo del BCIE por $450 millones y sin licitación pública.
Sin embargo, la iniciativa se frenó en octubre de 2024 tras una advertencia de la Contraloría, por cuestionamientos al modelo de contratación y el esquema de arrendamiento.
Posteriormente, el Gobierno presentó una reforma a la Ley de Contratación Pública (expediente 24.099), pero recibió fuertes críticas de la Contraloría, que advirtió posibles afectaciones al ordenamiento jurídico. Además, se señaló que el terreno no pasaría a ser propiedad del Estado en 25 años, lo que incrementó las dudas sobre el proyecto.
"La última oferta que vemos del BCIE es que no hay una devolución al final", afirmó la Contralora Marta Acosta, durante una reunión con el presidente Chaves en febrero de 2024.
La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente el 14 de diciembre de 2023, con una votación de 4 a 3, argumentando que el Gobierno contaba con otros mecanismos para efectuar la obra, como la licitación pública o la concesión.