Juzgado tiene pendiente resolver apelación a medidas cautelares en Caso Madre Patria
El Juzgado Penal no ha resuelto la apelación presentada por el Ministerio Público a la liberación de los sospechosos del caso Madre Patria, que investiga la existencia de una red de fraudes registrales y legitimación de capitales.
Desde su detención, los sospechosos han entrado y salido de prisión preventiva. En julio del año pasado, el Juzgado Penal los dejó en libertad al anular la medida cautelar. La Fiscalía apeló y volvieron a prisión.
El 20 de febrero de este año, el Juzgado Penal de San José volvió a modificar las medidas cautelares y ordenó nuevamente la liberación de los sospechosos. Esta medida rige hasta agosto y pese a que la Fiscalía apeló, el juez no ha resuelto.
Entre los liberados figura el exjuez penal de apellidos Venegas Marín, a quien las autoridades vinculan con la organización criminal como presunto testaferro o colaborador para ocultar ganancias ilícitas.
Tentáculos de Madre Patria
La investigación señala que la estructura criminal se dedicaba a la legitimación de capitales, fraudes registrales, falsedad ideológica, estafas y uso de documentos falsos.
Según las autoridades, la organización era liderada por los hermanos de apellidos Chaves Arias, junto con los ciudadanos españoles Gómez González y León Muñoz.
La estructura operaba mediante abogados, notarios y testaferros para ejecutar movimientos registrales fraudulentos, crear sociedades fachada y ocultar el origen ilícito del dinero. Sus principales víctimas eran extranjeros y adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
La investigación atribuye a Gómez González el liderazgo principal de la organización, con amplio dominio sobre las operaciones legales y financieras del grupo. A León Muñoz se le señala como uno de los principales operadores y presunto testaferro vinculado a la comercialización de vehículos de lujo.
Por su parte, los hermanos Chaves Arias aparecen como figuras clave dentro de la estructura. Ambos son imputados en diversas causas por falsedad ideológica y estafa. Uno de ellos, además, ejercía como abogado y asesor jurídico de la agrupación.
Las pesquisas también identificaron a otras personas cercanas a los líderes como presuntos testaferros o administradores de bienes. Entre ellos un hombre de apellidos Herrera González, vinculado con la administración de rutas de transporte público y venta de autobuses.
Asimismo, el expediente incluye a abogados y notarios sospechosos de participar en la confección de escrituras fraudulentas, hipotecas y documentos alterados.
La causa también involucra a otros colaboradores señalados por facilitar billeteras virtuales para criptomonedas, servir como intermediarios en transacciones, administrar bienes o participar en la búsqueda y traspaso irregular de propiedades.