Fiscalía investiga a familia de Puerto Jiménez por daño ambiental en zonas protegidas
El Ministerio Público y un funcionario del Sinac que realizó inspecciones en esas propiedades confirmaron amenazas que ya fueron denunciadas

Fotografía aérea de la zona de investigada por la Fiscalía en Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares, en el sector de Puerto Jiménez.
La Fiscalía Ambiental investiga a miembros de una familia de apellido Gardela, de Puerto Jiménez, por presuntos daños ambientales dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Preciosa-Platanares y en un sector conocido como Terrones de Agujas, donde se habrían realizado construcciones, movimientos de tierra y apertura de canales en una zona protegida.
Esto fue confirmado a CR Hoy por el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández, quien explicó que ya hay informes referidos al expediente y un desalojo planteado.
Este medio visitó el sitio y obtuvo imágenes aéreas en las que se observan varias edificaciones en medio de área boscosa, muy cerca del río Platanares, así como una extensión de manglares —territorio del Estado y ecosistema bajo resguardo especial— en los cuales, según denuncias planteadas por vecinos, se realizó una corta de vegetación.








El fiscal Hernández confirmó que se investigan desarrollos en zona pública y áreas protegidas, incluyendo manglares y sectores de la zona marítimo-terrestre.
El funcionario explicó que las diligencias apuntan a intervenciones en espacios que cuentan con protección especial del Estado, como refugios de vida silvestre y otras áreas silvestres protegidas, pero que son respetuosos del debido proceso.
Este medio intentó obtener la versión de miembros de la familia Gardela. Em primera instancia conversamos con Marvin Villalobos Gardela quien manifestó vía telefónica que no se trataba de ninguna invasión pues han vivido en la zona durante muchos años. Alegó que, en realidad, el problema es con su hermano Óscar, nos suministró el teléfono celular e indicó que él daría las explicaciones del caso.
Sin embargo, al llamarlo no contestó y tampoco respondió los mensajes que le enviamos vía WhatsApp. Este medio también envió un correo electrónico a una dirección que registran y se está a la espera de la respuesta.

Río Platanares en Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares, sitio bajo investigación judicial.
Fiscal denuncia intimidación
Hernández también se refirió a la reacción de personas vinculadas al caso, señalando que se han divulgado videos y convocatorias en los que se incita a la comunidad a oponerse a las autoridades.
"Se observa una posición beligerante, incluso convocando a la ciudadanía para tomar una postura en contra de funcionarios públicos, señalándolos como enemigos", indicó.
Según el fiscal, en una de esas reuniones —difundida en redes sociales— se organizó a vecinos bajo el argumento de que las autoridades pretendían afectar fuentes de empleo, cuestionando directamente la labor del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Ministerio Público.
El jerarca detalló que, desde la Fiscalía, lo que se ha hecho es gestionar diligencias como inspecciones y documentación de daños ambientales y solicitudes de desalojo en el área intervenida.

Construcciones de la familia Gardela que están bajo investigación. Están ubicadas cerca del Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares, en el sector de Puerto Jiménez.
Hernández advirtió que este tipo de reacciones, que incluyen presión social contra autoridades, terminan afectando la labor institucional. Señaló que, tras algunos de estos episodios, funcionarios del Sinac que han sido proactivos fueron trasladados y se les limitó su intervención.
El fiscal también expresó preocupación por la respuesta institucional ante estas situaciones.
"A mí lo que me preocupa es que las jefaturas del Sinac cedan a esas presiones. En lugar de empoderar a los funcionarios y validar la labor que están haciendo, más bien se cede a discursos que los señalan como obstáculos para la reactivación económica y terminan removiéndolos", advirtió.

Construcciones de uno de los miembros de la familia Gardela, en Terrones. Esta zona también está bajo investigación judicial.
Funcionario del Sinac hizo inspección
El funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Óscar Beita confirmó que Platanares es uno de los puntos bajo la lupa, pero advirtió que no es el único. Según indicó, existen otros dos sitios en investigación, los cuales no puede detallar por razones de confidencialidad, y que incluso presentarían un mayor impacto ambiental.
Beita explicó que su nombre fue publicado en redes sociales por uno de los miembros de la familia, con el fin de poner a la comunidad en contra de la labor de conservación que realiza.
El video al que se refieren el funcionario y el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental fue publicado en el perfil de Facebook de un vecino de apellidos Villalobos Gardela, propietario de una las fincas que se pretende desalojar.

Uno de los investigados de apellidos Villalobos Gardela publicó su versión en las redes sociales.
El vecino de Puerto Jiménez, conocido como "Marvito", aseguró que en la zona sur se estarían ejecutando acciones que, según él, afectan a vecinos y propietarios, a raíz de intervenciones impulsadas por la Fiscalía Ambiental.
En su mensaje, cuestionó directamente al anterior fiscal ambiental de Osa, Camilo Flores Pacheco, a quien atribuyó la preparación de medidas cautelares como demoliciones en distintos puntos de la región, entre ellos Playa Blanca, Matapalo, Carate y sectores de Puerto Jiménez. Indicó que incluso él ya habría sido notificado dentro de estos procesos.
Según supo CR Hoy, el fiscal fue trasladado de esa zona debido a las amenazas que recibió por cumplir con su deber. Esto fue confirmado por el fiscal coordinador, Luis Diego Hernández, quien explicó que no podía ampliar sobre el tema el cual se mantiene en investigación.
Villalobos Gardela también lanzó críticas contra funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía, a quienes acusó de abusos de autoridad y de actuar con facultades que, a su criterio, exceden lo legal. En esa línea, mencionó a varios funcionarios y cuestionó actuaciones específicas en propiedades privadas dentro del cantón.
Además, apeló a la historia y desarrollo de Puerto Jiménez para sostener que las comunidades locales no deberían ser objeto de ese tipo de intervenciones, e hizo un llamado a los vecinos a no permitir lo que considera abusos y afectaciones contra pobladores de la zona.